6.2.2010 Diario Oficial de la Unión Europea L 35/15 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 5 de febrero de 2010 sobre la adecuación de las autoridades competentes de determinados terceros países con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 590] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2010/64/UE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Con- sejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (1, y, en particular, su artículo 47, apartado 3, párrafo primero, Considerando lo siguiente: (1) (3) Con arreglo al artículo 47, apartado 1, y al artículo 53 de la Directiva 2006/43/CE, desde el 29 de junio de 2008 las autoridades competentes de los Estados miembros únicamente pueden permitir el envío de papeles de tra- bajo de auditoría u otros documentos que obren en po- der de los auditores legales o de las sociedades de audi- toría a las autoridades competentes de un tercer país en el supuesto de que la Comisión haya declarado la ade- cuación de dichas autoridades y de que existan acuerdos de trabajo basados en la reciprocidad entre ellas y las autoridades competentes de los correspondientes Estados miembros. Por consiguiente, es necesario determinar qué autoridades competentes de terceros países cumplen los requisitos adecuados a efectos del envío a las mismas de papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las socieda- des de auditoría. El envío de papeles de trabajo de auditoría u otros do- cumentos en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría a las autoridades competentes de un tercer país reviste considerable importancia desde el punto de vista del interés general, de cara al ejercicio de una supervisión pública independiente. Por consi- guiente, resulta oportuno que todo envío de esa índole por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros se realice exclusivamente a efectos del ejerci- cio, por las autoridades competentes del tercer país, de las competencias de supervisión pública, control externo de calidad e investigación de los auditores y las socieda- des de auditoría. Los empleados o antiguos empleados de las autoridades competentes del tercer país que reciban la información están sujetos a la obligación de secreto pro- fesional. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec- (1) DO L 157 de 9.6.2006, p. 87. ción de las personas físicas en lo que respecta al trata- miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (?), se aplica al tratamiento de datos persona- les realizado en aplicación de la presente Directiva. En consecuencia, cuando el envío de papeles de trabajo de auditoría, u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría, a las autoridades competentes de los terceros países indicados más adelante, suponga la divulgación de datos persona- les, resulta oportuno que se lleve a cabo siempre de conformidad con las disposiciones de la Directiva 95/46/CE. Es conveniente que los Estados miembros, a través de acuerdos de trabajo que se ajusten a lo dis- puesto en el capítulo IV de la Directiva 95/46/CE entre sus autoridades competentes y las autoridades competen- tes de terceros países, se cercioren de que estas últimas no divulgarán, a su vez, los datos personales contenidos en los papeles de trabajo de auditoría u otros documen- tos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría y que les sean enviados, sin el consentimiento previo de sus propias autoridades com- petentes. El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado en lo que respecta a la presente De- cisión. La adecuación de las autoridades competentes de un ter- cer país debe evaluarse a la luz de los requisitos de coo- peración contemplados en el artículo 36 de la Directiva 2006/43/CE o de resultados funcionales equivalentes en lo esencial. En particular, procede evaluar la adecuación a la luz de las competencias ejercidas por las autoridades del tercer país considerado, de las salvaguardias frente a la ruptura del secreto profesional y de las normas sobre confidencialidad aplicadas por dichas autoridades, así como de la facultad que les otorguen sus disposiciones legales y reglamentarias para cooperar con las autorida- des competentes de los Estados miembros. Dado que los auditores y las sociedades de auditoría de las empresas comunitarias que hayan emitido valores en Canadá, Japón o Suiza, o que formen parte de un grupo que presente cuentas consolidadas obligatorias en dichos países, se rigen por la normativa nacional de los mismos, procede determinar si las autoridades competentes de los Estados miembros pueden enviar papeles de trabajo de auditoría u otros documentos que obren en poder de los auditores legales o de las sociedades de auditoría a las autoridades competentes de los citados países, exclusiva- mente a efectos del ejercicio de sus competencias de supervisión pública, control externo de calidad e investi- gación de los auditores y las sociedades de auditoría. (2) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.