22.3.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 76/63 DECISIÓN 2011/172/PESC DEL CONSEJO de 21 de marzo de 2011 relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29, Considerando lo siguiente: (1) El 21 de febrero de 2011, la Unión Europea declaró su disposición a apoyar la transición pacífica y ordenada a un gobierno civil y democrático en Egipto basado en el estado de derecho, con pleno respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como su res- paldo a los esfuerzos en favor de la creación de una economía que mejore la cohesión social y favorezca el crecimiento. (2) En este contexto, se deben adoptar medidas restrictivas contra las personas que han sido identificadas como res- ponsables de malversación de fondos públicos egipcios, que privan por tal motivo al pueblo de Egipto de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad y menoscaban el desarrollo de la democracia en ese país. (3) — Se requiere una actuación ulterior de la Unión para poder llevar a la práctica algunas medidas. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 1. Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económi- cos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las per- sonas que hayan sido identificadas como responsables de mal- versación de fondos públicos egipcios y a las personas físicas o jurídicas o entidades vinculadas a aquellas que se enumeran en el anexo. 2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos. 3. La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos eco- nómicos inmovilizados o la puesta a disposición de determina- dos fondos o recursos económicos, en las condiciones que con- sidere adecuadas, tras haber determinado que los fondos o re- cursos económicos de que se trata son: a) necesarios para atender las necesidades básicas de las perso- nas físicas enumeradas en el anexo y de los miembros de- pendientes de su familia, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médi- cos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios pú- blicos; b) destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y reembolsar gastos relacionados con la presta- ción de servicios jurídicos; c) destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de fondos o recursos económicos congelados, o = necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la auto- ridad competente haya notificado a las autoridades compe- tentes de los otros Estados miembros y a la Comisión los motivos por los que considera que debería concederse una autorización específica, al menos dos semanas antes de la autorización. Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado. 4. . No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, cuando concurran las siguientes condiciones: a) que los fondos o recursos económicos de que se trate estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral adoptado antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo a la persona física o jurídica, entidad u organismo de los enume- rados en el apartado 1, o a una resolución judicial, adminis- trativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha; b) que los fondos o recursos económicos de que se trate vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales resoluciones, en los límites establecidos por las nor- mas aplicables a los derechos de los acreedores; c) que el embargo o la resolución no beneficie a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo, y d) que el reconocimiento del embargo o de la resolución no sea contrario al orden público en el Estado miembro de que se trate.