31.1.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 27/21 DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2012 relativa a la liquidación de cuentas de determinados organismos pagadores de Alemania y los Países Bajos correspondiente a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2010 [notificada con el número C(2012) 369] (Los textos en lengua alemana y neerlandesa son los únicos auténticos) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (), y, en particular, su artículo 30 y su artículo 32, apartado 8, Previa consulta del Comité de los Fondos Agrícolas, Considerando lo siguiente: (1) — Mediante la Decisión de Ejecución 2011/272/UE de la Comisión (?) se liquidaron las cuentas correspondientes al ejercicio financiero 2010 de todos los organismos pagadores excepto las del organismo pagador alemán «Rheinland-Pfalz», las del organismo pagador griego «Opekepe», las del organismo pagador italiano «ARBEA» y las del organismo pagador neerlandés «Dienst Regelin- gen». (2) — Tras haber recibido nuevos datos y efectuado controles adicionales, la Comisión está en condiciones de tomar una decisión sobre la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas presentadas por el organismo pagador alemán «Rheinland-Pfalz» y el organismo pagador neer- landés «Dienst Regelingen». (3) — El artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Regla- mento (CE) n” 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Con- sejo en lo que se refiere a la autorización de los organis- mos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (3), dispone que los im- portes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban ser reintegrados por cada Estado miembro o abonados a él, han de fijarse deduciendo los anticipos abonados durante el ejercicio financiero en cuestión, en este caso, 2010, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al apar- tado 1. La Comisión deducirá ese importe del pago men- sual correspondiente al gasto realizado en el segundo mes siguiente a la decisión de liquidación de cuentas, o lo añadirá al citado pago mensual. DO L 209 de 11.8.2005, p. 1. (3) DO L 119 de 7.5.2011, p. 70. DO L 171 de 23.6.2006, p. 90. (2012/52/UE) (4) De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Re- glamento (CE) n* 1290/2005, las repercusiones financie- ras de la no recuperación de irregularidades se sufragan hasta un máximo del 50 % con cargo al Estado miembro y hasta un máximo del 50 % con cargo al presupuesto de la UE cuando la recuperación no se haya efectuado en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales macionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los proce- dimientos de recuperación iniciados por irregularidad. El Reglamento (CE) n” 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a la obligación de los Estados miembros de presentar estadillos de los importes que han de recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura un modelo del cuadro que debían presentar los Estados miembros en 2011. Basándose en los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades que se remontan a más de cuatro y ocho años, respectivamente. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisio- nes de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) n* 1290/2005. De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Re- glamento (CE) n” 1290/2005, los Estados miembros pue- den decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los cos- tes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro interesado. En caso de que dicha decisión haya sido tomada en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputa al presupuesto de la UE el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo indicado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n” 1290/2005 figuran los importes que los Estados miembros decidieron no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos impor- tes no se imputan a los Estados miembros considerados y, por lo tanto, deben correr a cargo del presupuesto de la UE. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las futuras decisiones de conformidad que se adopten en virtud del artículo 32, apartado 8, de dicho Reglamento.