19.2.2011 Diario Oficial de la Unión Europea L 46/47 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2011 relativa a la liquidación de cuentas de un organismo pagador de Italia correspondientes a los gastos financiados por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) en el ejercicio financiero 2006 [notificada con el número C(2011) 911] (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (2011/113/UE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (CE) n* 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 3, Visto el Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (?), y, en particular, su artículo 30 y su artículo 32, apartado 8, Previa consulta al Comité de los fondos agrícolas, Considerando lo siguiente: (1) Mediante las Decisiones 2007/327/CE (), 2008/394/CE (*) y 2010/61/UE (*) de la Comisión se li- quidaron, con respecto al ejercicio financiero 2006, las cuentas de todos los organismos pagadores, con excep- ción de las del organismo pagador italiano «ARBEA». A raíz de la notificación de nuevos datos y tras realizar controles adicionales, la Comisión está ahora en condi- ciones de adoptar una decisión sobre la integridad, exac- titud y veracidad de las cuentas presentadas por el orga- nismo pagador italiano «ARBEA». El artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, del Regla- mento (CE) n* 1663/95 de la Comisión, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n 729/70 del Consejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la Sección de Garantía del FEOGA (5), dispone que los importes que, de resultas de la decisión de liqui- dación de cuentas a que se refiere el párrafo primero, vayan a recuperarse de cada Estado miembro o abonarse a cada Estado miembro, deben fijarse deduciendo los anticipos abonados durante el ejercicio financiero en cuestión, es decir 2006, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al párrafo primero. Los importes que deban recuperarse o abonarse se deducen 160 de 26.6.1999, p. 103. 209 de 11.8.2005, p. 1. 122 de 11.5.2007, p. 51. 139 de 29.5.2008, p. 22. 34 de 5.2.2010, p. 33. 158 de 8.7.1995, p. 6. de los anticipos (o se añaden a estos) que han de abo- narse durante el segundo mes siguiente al mes en el que se haya adoptado la decisión de liquidación de cuentas. De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Re- glamento (CE) n” 1290/2005, las consecuencias financie- ras derivadas de la falta de recuperación por irregularida- des se sufragarán en un 50 % con cargo al Estado miem- bro y en un 50 % con cargo al presupuesto de la UE, cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judi- cial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregu- laridad. El Reglamento (CE) n” 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autori- zación de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (7), establece las disposiciones de aplicación relativas a las obligaciones de los Estados miembros en materia de no- tificación de los importes que vayan a recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figuran los modelos de cuadros 1 y 2 que los Estados miembros debían presen- tar en 2007. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las conse- cuencias financieras de la falta de recuperación por irre- gularidades de más de cuatro y ocho años de antigiedad, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de futuras decisiones en materia de conformidad adoptadas con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) n” 1290/2005. De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Re- glamento (CE) n” 1290/2005, los Estados miembros pue- den decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los cos- tes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante () DO L 171 de 23.6.2006, p. 90.