L 42/32 Diario Oficial de la Unión Europea 16.2.2011 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2011 relativa a la liquidación de cuentas de determinados organismos pagadores de Italia y Rumanía correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero de 2009 [notificada con el número C(2011) 770] (Los textos en lenguas italiana y rumana son los únicos auténticos) (2011/105/UE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (CE) n* 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (), y, en particular, su artículo 30 y su artículo 32, apartado 8, Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas, Considerando lo siguiente: (1) Mediante — las + Decisiones 2010/258/UE (?) y 2010/730/UE (3) de la Comisión se liquidaron, con res- pecto al ejercicio financiero de 2009, las cuentas de to- dos los organismos pagadores, con excepción de las de los organismos pagadores italianos «AGEA» y «ARBEA» y las del organismo pagador rumano «PIAA». A raíz de la notificación de nuevos datos y tras realizar controles adicionales, la Comisión está ahora en condi- ciones de adoptar una decisión sobre la integridad, exac- titud y veracidad de las cuentas presentadas por los or- ganismos pagadores italianos «AGEA» y «ARBEA» y el organismo pagador rumano «PIAA». El artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Regla- mento (CE) n 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Con- sejo en lo que se refiere a la autorización de los organis- mos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (*), dispone que los im- portes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban recuperarse de cada Estado miembro o abonarse a cada Estado miem- bro, se fijarán deduciendo los pagos mensuales corres- pondientes al ejercicio financiero en cuestión, es decir 2009, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al apartado 1. La Comisión deducirá ese importe del pago mensual correspondiente al gasto reali- zado en el segundo mes siguiente a la decisión de liqui- dación de cuentas, o lo añadirá al citado pago mensual. De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Re- glamento (CE) n* 1290/2005, las consecuencias financie- ras derivadas de la falta de recuperación por irregularida- des se sufragarán en un 50 % con cargo al Estado miem- bro y en un 50 % con cargo al presupuesto de la UE, 209 de 11.8.2005, p. 1. 112 de 5.5.2010, p. 17. 315 de 1.12.2010, p. 35. 171 de 23.6.2006, p. 90. cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judi- cial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregu- laridad. El Reglamento (CE) n” 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a las obligaciones de los Estados miembros en materia de notificación de los importes que vayan a recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura el modelo de cuadro que los Estados miembros deben presentar en 2010. A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miem- bros, la Comisión debe decidir las consecuencias finan- cieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigiiedad, respectiva- mente. Esta decisión se toma sin perjuicio de futuras decisiones en materia de conformidad tomadas con arre- glo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) n” 1290/2005. De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Re- glamento (CE) n 1290/2005, los Estados miembros pue- den decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los cos- tes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, se imputará al presupuesto de la UE el 100 % de las consecuencias financieras de la no recuperación. En el estadillo mencio- nado en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (CE) n9 1290/2005, se recogen los importes que los Estados miembros han decidido no recuperar y los motivos de dicha decisión. Dichos importes no se imputan a los Estados miembros en cuestión y, por tanto, deben estar a cargo del presupuesto de la UE. Esta decisión se toma sin perjuicio de posibles futuras decisiones en materia de conformidad tomadas con arreglo al artículo 32, apar- tado 8, de dicho Reglamento. Al realizar la liquidación de cuentas de los organismos pagadores afectados, la Comisión debe tener en cuenta las cantidades ya retenidas a los Estados miembros en virtud de las Decisiones 2010/258/UE y 2010/730/UE.