23.8.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 227/11 DECISIONES DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 21 de agosto de 2012 de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección adecuada de los datos personales por la República Oriental del Uruguay en lo que respecta al tratamiento automatizado de datos personales [notificada con el número C(2012) 5704] (Texto pertinente a efectos del EEE) (2012/484/UE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con- sejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (!), y, en par- ticular, su artículo 25, apartado 6, Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Da- tos (>), Considerando lo siguiente: (1) (4) De conformidad con la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros solo permitirán la transferencia de datos per- sonales a un tercer país si este garantiza un nivel de protección adecuado y se cumplen en él, con anterioridad a la transferencia, las disposiciones legales que los Estados miembros aprueben en aplicación de otros preceptos de dicha Directiva. La Comisión puede dictaminar que un tercer país garan- tiza un nivel de protección adecuado. En tal caso, pueden transferirse datos personales desde los Estados miembros sin que sea necesaria ninguna garantía adicional. De conformidad con la Directiva 95/46/CE, el nivel de protección de los datos debe evaluarse atendiendo a to- das las circunstancias que concurran en la transferencia o conjunto de transferencias de datos y estudiando con especial atención una serie de elementos pertinentes para la transferencia, enumerados en el artículo 25 de dicha Directiva. Ante los diferentes enfoques sobre la protección de datos adoptados en los terceros países, tanto la evaluación de la (1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. (?) Carta de 31 de agosto de 2011. adecuación como la ejecución de las decisiones en virtud del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE, deben hacerse sin que originen, en igualdad de condicio- nes, una discriminación arbitraria o injustificada contra terceros países o entre ellos, ni constituyan una restric- ción comercial encubierta contraria a los actuales com- promisos internacionales de la Unión Europea. La Constitución de la República Oriental del Uruguay, adoptada en 1967, no reconoce expresamente el derecho a la vida privada y la protección de datos personales. Ahora bien, el catálogo de derechos fundamentales no es una lista cerrada, ya que el artículo 72 de la Cons- titución establece que la enumeración de derechos, obli- gaciones y garantías que se recoge en la misma no ex- cluye otros que son inherentes a la naturaleza humana o que derivan del sistema republicano de gobierno. El ar- tículo 1 de la Ley NS 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, de 11 de agosto de 2008, establece expresamente que «El derecho a la protección de datos personales es inherente a la persona humana, por lo que está comprendido en el artículo 72 de la Constitución de la República». El artículo 332 de la Constitución establece que los preceptos de la Constitu- ción que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva; sino que esta será supli- da, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Las normas jurídicas de protección de datos personales en la República Oriental del Uruguay se basan en gran medida en las normas establecidas en la Directiva 95/46/CE y figuran en la Ley NS 18.331 de Protección de Datos Personales y de Acción de Habeas Data) de 11 de agosto de 2008. Esta Ley se refiere tanto a las personas físicas como a las jurídicas. La Ley se complementa con el Decreto N* 414/009, de 31 de agosto de 2009, adoptado para clarificar varios aspectos de la Ley y establecer la normativa detallada