L176/42 Diario Oficial de la Unión Europea 10.7.2010 DIRECTIVA 2010/43/UE DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2010 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los requisitos de organización, los conflictos de intereses, la conducta empresarial, la gestión de riesgos y el contenido de los acuerdos celebrados entre depositarios y sociedades de gestión (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Vista la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Con- sejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposi- ciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobi- liarios (OICVM) (1), y, en particular, su artículo 12, apartado 3, su artículo 14, apartado 2, su artículo 23, apartado 6, su artículo 33, apartado 6, y su artículo 51, apartado 4, Considerando lo siguiente: (1) — Las disposiciones aplicables a los requisitos organizativos, a los conflictos de intereses y a la conducta empresarial, así como la terminología utilizada en estos temas, deben ali- nearse en la máxima medida de lo posible con las normas que fueron introducidas en el sector de los servicios finan- cieros tanto por la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Con- sejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Conse- jo (*), como por la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (3). Aunque teniendo en cuenta las particularidades de las sociedades de gestión colectiva de carteras, este alineamiento ha de permitir la consecución de unas normas iguales no solo entre los dife- rentes sectores de los servicios financieros, sino también dentro del sector de la gestión de activos en sentido amplio, sector este en el que algunos Estados miembros han ampliado ya a las sociedades de gestión de OICVM algu- nos de los requisitos de la Directiva 2006/73/CE. (2) Es oportuno que esas normas se recojan en una directiva para que las disposiciones de aplicación puedan ajustarse a las especificidades del mercado y del sistema jurídico par- ticular de cada Estado miembro. Es, además, con una direc- tiva como mejor puede alcanzarse el máximo nivel de coherencia con el régimen creado por la Directiva 2006/73/CE. (1) DO L 302 de 17.11.2009, p. 32. (2) DO L 145 de 30.4.2004, p. 1. () DO L 241 de 2.9.2006, p. 26. (3) Los principios que establece la presente Directiva, pese a tener una relevancia general para todas las sociedades de gestión, ofrecen la flexibilidad necesaria para garantizar que su aplicación y la supervisión de esta por parte de las autoridades competentes sean proporcionadas y tengan en cuenta no solo la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las sociedades de gestión y la variedad de empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Direc- tiva 2009/65/CE, sino también la diversa naturaleza de los OICVM que pueden ser administrados por las sociedades de gestión. Siempre que lo permitan las legislaciones nacionales, las sociedades de gestión deben poder celebrar acuerdos por los que sea un tercero quien ejerza algunas de sus activida- des. Las disposiciones de aplicación deben entenderse en consonancia con ello. En concreto, las sociedades de ges- tión han de emplear toda la diligencia debida al determi- nar si, habida cuenta de la naturaleza de las funciones que vaya a desempeñar el tercero, este puede considerarse dotado de las cualificaciones y la capacidad necesarias para el ejercicio de esas funciones. El tercero tiene que cumplir para la actividad que vaya a desempeñar todos los requisi- tos aplicables en materia de organización y de conflicto de intereses. La sociedad de gestión, por su parte, además de comprobar que el tercero haya tomado las medidas opor- tunas para cumplir esos requisitos, ha de controlar que los cumpla efectivamente. Cuando el delegado sea el respon- sable de aplicar las normas que regulen las actividades dele- gadas, las tareas de control de esas actividades deben sujetarse a requisitos equivalentes en materia de organiza- ción y de conflicto de intereses. Por lo demás, en el pro- ceso que impone la debida diligencia, las sociedades de gestión deben tener en cuenta el hecho frecuente de que el tercero al que vaya a delegarse alguna actividad esté sujeto a la Directiva 2004/39/CE. Para evitar que se apliquen normas diferentes a las socie- dades de gestión y a las sociedades de inversión que no hayan designado a una sociedad de gestión, las segundas deben estar sujetas a las mismas reglas de conducta y a las mismas disposiciones sobre conflictos de intereses y ges- tión de riesgos que las sociedades de gestión. Por consi- guiente, a modo de buena práctica, es preciso que las normas de la presente Directiva en materia de procedi- mientos administrativos y de mecanismos de control interno se apliquen, teniendo en cuenta el principio de pro- porcionalidad, tanto a las sociedades de gestión como a las de inversión que no hayan designado a una sociedad de gestión.