1.6.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 142/1 (Actos legislativos) DIRECTIVAS DIRECTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de mayo de 2012 relativa al derecho a la información en los procesos penales EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO- PEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla- mentos nacionales, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (), Previa consulta al Comité de las Regiones, De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (), Considerando lo siguiente: (1) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarro- llar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Según las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999 y, en particular, su punto 33, el principio del reconocimiento mutuo de sentencias y otras resoluciones de autoridades judiciales debe convertirse en la piedra angular de la coo- peración judicial en materia civil y penal en la Unión, puesto que un mayor reconocimiento mutuo y la nece- saria aproximación de las legislaciones facilitarían la coo- peración entre las autoridades competentes y la protec- ción judicial de los derechos individuales. El 29 de noviembre de 2000 el Consejo, de conformidad con las conclusiones de Tampere, adoptó un Programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (3). En la introducción del programa se afirma que el reconocimiento mutuo «debe permitir que se re- fuerce la cooperación entre Estados miembros, así como la protección de los derechos de las personas». (1) DO C 54 de 19.2.2011, p. 48. (?) Posición del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 26 de abril de 2012. () DO C 12 de 15.1.2001, p. 10. (3) La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Es- tados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El grado de reconoci- miento mutuo depende en gran medida de una serie de parámetros, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de las personas sospechosas o acusadas y la definición de normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia pe- nal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judi- ciales, sino también todos los participantes en el proceso penal consideren las resoluciones de las autoridades judi- ciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en la adecuación de las normas de los otros Estados miembros, sino también en que dichas normas se aplican correcta- mente. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, da Carta») y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «el CEDH») consagran el derecho a un juicio equitativo. El artículo 48, apartado 2, de la Carta garantiza el respeto de los derechos de la defensa. El artículo 6 de la Carta y el artículo 5 del CEDH consa- gran el derecho a la libertad y la seguridad de las perso- nas. La limitación de este derecho no puede ir más allá de lo permitido de conformidad con el artículo 5 del CEDH y según se infiere de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aunque todos los Estados miembros son partes en el CEDH, la experiencia ha puesto de manifiesto que, por sí solo, ello no siempre aporta el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalla- das sobre la protección de las garantías y los derechos procesales derivados de la Carta y del CEDH.