28.7.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 202/17 DECISIONES DECISIÓN DEL CONSEJO de 23 de julio de 2012 dirigida a España sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera (2012/443/UE) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 136, apartado 1, letra b), en relación con su artículo 126, apartado 6, Vista la propuesta de la Comisión Europea, Considerando lo siguiente: El artículo 136, apartado 1, letra b), del Tratado de Fun- cionamiento de la Unión Europea prevé la posibilidad de elaborar orientaciones específicas de política económica dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. En su Recomendación sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España y su dictamen sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015 (), el Consejo ha recomendado que España tome medidas para «Aplicar la reforma del sector financiero, en parti- cular complementar la reestructuración en curso del sec- tor bancario afrontando la situación de las entidades vulnerables, presentar una amplia estrategia para abordar eficazmente el problema derivado de los "activos hereda- dos" que figuran en los balances de los bancos, y definir una posición clara en materia de financiación y utiliza- ción de mecanismos de protección». La abundancia de financiación exterior a bajo coste en la pasada década alimentó la demanda interna y un período de auge de los activos, concentrado particularmente en el sector inmobiliario. El estallido de la burbuja inmobiliaria y del sector de la construcción y la recesión económica subsiguiente han afectado adversamente al sector banca- rio español. Como consecuencia de ello, a excepción de unas cuantas grandes entidades de crédito diversificadas a nivel internacional, los bancos españoles han perdido en gran medida el acceso a los mercados de financiación mayorista en condiciones asequibles y, de esta forma, (1) DO C 219 de 24.7.2012, p. 81. (5) se han hecho muy dependientes de la refinanciación del Eurosistema. Por otra parte, su capacidad de tomar fon- dos prestados se ha visto seriamente limitada por los efectos de la degradación de sus calificaciones crediticias sobre la disponibilidad de garantías. La considerable contracción de la economía en los últi- mos años, que está afectando de forma muy negativa al empleo y al desempleo, ha deteriorado sustancialmente la situación presupuestaria de España. Según la actualiza- ción de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, el déficit público será del 6,3 % del PIB en 2012, frente a una previsión de déficit equi- valente al 5,3 % del PIB contenida en el programa de estabilidad de 2012 y en el proyecto de presupuesto para 2012. La deuda pública bruta aumentó hasta el 68,5 % del PIB en 2011 y, según la actualización de las previsiones de la primavera de 2012 de los servicios de la Comisión, aumentará al 80,9 % del PIB en 2012 y al 86,8 % en 2013, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, con lo cual se rebasaría el valor de referencia del Tratado en todos los años. Los riesgos asociados al escenario macroeconómico y a los objetivos presupuestarios, así como a medidas de rescate financiero adicionales, pueden contribuir a un mayor aumento de la deuda pública. A la luz de esta evolución, el 10 de julio de 2012 el Consejo, en virtud del procedimiento de déficit excesivo, dirigió una recomendación a España para que este país ponga fin a su situación de déficit excesivo en 2014 a más tardar. Las autoridades españolas han tomado una serie de im- portantes medidas encaminadas a abordar los problemas del sector bancario. Entre dichas medidas cabe destacar el saneamiento de los balances de los bancos, el aumento de los requisitos de capital mínimo, la restructuración del sector de las cajas de ahorro y un aumento significativo de los requisitos de provisionamiento para los préstamos relacionados con la promoción inmobiliaria y los activos embargados. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para reducir la presión del mercado. En febrero de 2011, las autoridades españolas aumenta- ron el coeficiente de capital mínimo obligatorio («capital principal») al 8 % de los activos ponderados en función del riesgo de los bancos y dieron a los bancos plazo hasta septiembre de 2011 para cumplir con esta nueva