L42/24 Diario Oficial de la Unión Europea 16.2.2011 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2011 relativa a la liquidación de cuentas de determinados organismos pagadores de Italia correspondiente a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) en el ejercicio financiero de 2007 [notificada con el número C(2011) 753] (El texto en lengua italiana es el único auténtico) LA COMISIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Visto el Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (), y, en particular, su artículo 30 y su artículo 32, apartado 8, Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas, Considerando lo siguiente: (1) — Mediante las Decisiones 2008/396/CE (), 2009/87/CE (*) y 2010/62/UE (*) de la Comisión se liquidaron, con res- pecto al ejercicio financiero de 2007, las cuentas de to- dos los organismos pagadores, con excepción de las del organismo pagador italiano «ARBEA». (2) — Araíz de la notificación de nuevos datos y tras realizar controles adicionales, la Comisión está ahora en condi- ciones de adoptar una decisión sobre la integridad, exac- titud y veracidad de las cuentas presentadas por el orga- nismo pagador italiano «ARBEA». (3) — El artículo 10, apartado 2, párrafo primero, del Regla- mento (CE) n 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n” 1290/2005 del Con- sejo en lo que se refiere a la autorización de los organis- mos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (>), dispone que los im- portes que, de resultas de la decisión de liquidación de cuentas a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del citado Reglamento, deban recuperarse de cada Estado miembro o abonarse a cada Estado miem- (1) DO L 209 de 11.8.2005, p. 1. () DO L 139 de 29.5.2008, p. 33. () DO L 33 de 3.2.2009, p. 38. () DO L 35 de 6.2.2010, p. 11. () DO L 171 de 23.6.2006, p. 90. (2011/102/UE) (4) bro, se fijarán deduciendo los pagos mensuales corres- pondientes al ejercicio financiero en cuestión, es decir 2007, de los gastos reconocidos para el mismo ejercicio con arreglo al apartado 1. La Comisión deducirá ese importe del pago mensual correspondiente al gasto reali- zado en el segundo mes siguiente a la decisión de liqui- dación de cuentas, o lo añadirá al citado pago mensual. De conformidad con el artículo 32, apartado 5, del Re- glamento (CE) n* 1290/2005, las consecuencias financie- ras derivadas de la falta de recuperación por irregularida- des se sufragarán en un 50 % con cargo al Estado miem- bro y en un 50 % con cargo al presupuesto de la UE, cuando la recuperación por dichas irregularidades no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judi- cial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Con arreglo al artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión, junto con las cuentas anuales, un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregu- laridad. El Reglamento (CE) n” 885/2006 establece las disposiciones de aplicación relativas a las obligaciones de los Estados miembros en materia de notificación de los importes que vayan a recuperarse. En el anexo III de dicho Reglamento figura el modelo de cuadro que los Estados miembros deben presentar en 2008. A partir de los cuadros completados por los Estados miembros, la Comisión debe decidir las consecuencias financieras de la falta de recuperación por irregularidades de más de cuatro y ocho años de antigiedad, respectivamente. Esta decisión se toma sin perjuicio de futuras decisiones en materia de conformidad tomadas con arreglo al artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) n” 1290/2005. De conformidad con el artículo 32, apartado 6, del Re- glamento (CE) n 1290/2005, los Estados miembros pue- den decidir no proceder a la recuperación. Dicha decisión puede tomarse solamente cuando la totalidad de los cos- tes ya sufragados y previsibles de la recuperación sea superior al importe que debe recuperarse o cuando la recuperación resulte imposible debido a la insolvencia del deudor, o de las personas jurídicamente responsables de la irregularidad, comprobada y admitida con arreglo al Derecho nacional. En caso de que dicha decisión se tome en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho si la recuperación es objeto de una acción ante