L171/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7.7.1999 DIRECTIVA 1999/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (>), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado a la luz del texto conjunto aprobado el 18 de marzo de 1999 por el Comité de conciliación (*), (1) Considerando que los apartados 1 y 3 del artículo 153 del Tratado disponen que la Comunidad contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consu- midores mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 95; Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circula- ción de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada; que la libre circulación de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a transacciones efectuadas por los particulares; que la libre circulación implica que los consumidores residentes en un Estado miem£ro deben poder adquirir bienes en el territorio de otro Estado miembro con arreglo a un conjunto mínimo uniforme de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo; Considerando que las legislaciones de los Estados miem- bros sobre la venta de bienes de consumo presentan disparidades, como consecuencia de las cuales existen diferencias entre los mercados nacionales en materia de ventas de bienes de consumo y se puede falsear el juego de la competencia entre los vendedores; Considerando que el consumidor que trata de benefi- ciarse de las ventajas del gran mercado adquiriendo bienes en un Estado miembro distinto del de su resi- dencia desempeña un papel fundamental en la realiza- ción del mercado interior; que debe impedirse el resta- blecimiento artificial de fronteras y la compartimenta- ción de los mercados; que las posibilidades que se le ofrecen al consumidor aumentan considerablemente con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten acceder fácilmente a sistemas de distribución de otros Estados miembros o terceros países; que, si no existe una armonización mínima de las normas relativas a la compra de bienes de consumo, puede entorpecerse el desarrollo de la venta de bienes a través de las nuevas tecnologías de comunicación a distancia; Considerando que la creación de un conjunto común mínimo de normas en materia de derechos de los consu- midores, válidas con independencia del lugar de la () DO C 307 de 16.10.1996, p. 8, y DO C 148 de 14.5.1998, p. 12. () DO C 66 de 3.3.1997, p. 5. () Dictamen del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 1998 (DO C 104 de 6.4.1998, septiembre de 1998 (DO C 333 de 30.10.1998, p. 46) y Decisión del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 1998 (DO C 98 de 9.04.1999, p. 226). Decisión del Parlamento Europeo de 5 de mayo de 1999. Decisión del Consejo de 17 de mayo de 1999. p. 30), Posición común del Consejo de 24 de compra de los bienes en la Comunidad, reforzará la confianza de los consumidores y les permitirá aprove- char al máximo las ventajas derivadas del mercado inte- rior; Considerando que las principales dificultades de los consumidores y la principal fuente de conflictos con los vendedores se refieren a la falta de conformidad del bien con el contrato; que, en consecuencia, conviene apro- ximar las legislaciones nacionales sobre la venta de bienes de consumo en este aspecto, aunque sin afectar a las disposiciones y principios de las legislaciones nacio- nales relativos a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual; Considerando que los bienes deben ante todo corres- ponder a las especificaciones contractuales; que el prin- cipio de conformidad con el contrato puede considerarse como una base común a las diferentes tradiciones jurí- dicas nacionales; que en determinadas tradiciones jurí- dicas nacionales puede no ser posible basarse sólo en ese principio para garantizar un nivel mínimo de protección del consumidor; que, en particular, con arreglo a las citadas tradiciones jurídicas puede resultar útil establecer disposiciones nacionales adicionales con el fin de garan- tizar la protección del consumidor cuando las partes no hayan acordado cláusula contractual específica alguna o cuando hayan acordado cláusulas o modalidades contra- ctuales que excluyan o limiten, directa o indirectamente, los derechos del consumidor y que, en la medida en que esos derechos se deriven de la presente Directiva, no sean vinculantes para el consumidor; Considerando que, con el fin de facilitar la aplicación del principio de la conformidad con el contrato, conviene introducir una presunción impugnable de conformidad con el contrato que abarque las situaciones más comunes; que esta presunción no limita el principio de libertad contractual de las partes; que, además, a falta de cláusulas contractuales concretas, así como cuando se aplique la cláusula de protección mínima, los elementos mencionados en la presunción podrán utilizarse para determinar la falta de conformidad de los bienes con el contrato; que la calidad y el rendimiento que el consu- midor puede razonablemente esperar dependerá, entre otras cosas, de si los bienes son nuevos o usados; que los elementos mencionados en la presunción son acumula- tivos; que cuando por las circunstancias de cada caso un elemento particular sea manifiestamente inadecuado, seguirán siendo aplicables, sin embargo, los elementos restantes de la presunción; Considerando que el vendedor debe ser el responsable directo ante el consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato; que ésta es la solución tradicional consagrada en las ordenamientos jurídicos de los Estados