18.8.2003 _ES ] Diario Oficial de la Unión Europea L207/25 DIRECTIVA 2003/72/CE DEL CONSEJO de 22 de julio de 2003 por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (?), Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3), Considerando lo siguiente: (1) — — — — 1 ) ”) Para alcanzar los objetivos que establece el Tratado, el Consejo mediante el Reglamento (CE) n” 1435/2003 (*) aprobó el Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE). Dicho Reglamento está destinado a establecer un marco jurídico uniforme en el que las cooperativas y demás entidades y personas físicas de los distintos Estados miembros puedan planear y llevar a cabo la reestructura- ción de sus actividades, en forma de cooperativa, a escala comunitaria. Para fomentar los objetivos sociales de la Comunidad deben fijarse disposiciones especiales, sobre todo en el ámbito de la implicación de los trabajadores, encamina- das a garantizar que la constitución de una SCE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las entidades que participen en la creación de la SCE. Ese objetivo debe perseguirse mediante el establecimiento de una serie de normas aplicables en este ámbito, que completen las disposiciones del Reglamento (CE) 19 1435/2003. Dado que los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ya que, como se ha indicado, se trata de establecer una normativa sobre la implicación de los trabajadores en la SCE, y que, por razones de escala y del impacto de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad podría adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho DO C 236 de 31.8.1993, pág. 36. DO C 42 de 15.2.1993, pág. 75. * DO C 223 de 31.8.1992, pág. 42. *) Véase página 1 del presente Diario Oficial. (10) artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. La gran diversidad de normas y de prácticas existentes en los Estados miembros respecto de la forma en que los representantes de los trabajadores participan en las decisiones de las cooperativas no aconseja que se establezca un modelo europeo único de implicación de los trabajadores aplicable a las SCE. En todos los casos de constitución de SCE deberán asegurarse los procedimientos de información y consulta a escala transnacional, con la necesaria adaptación de las SCE de nueva constitución cuya dimensión, medida en términos de puestos de trabajo, lo justifique. Cuando en una o más de las entidades participantes en una SCE existan derechos de participación, dichos derechos deben preservarse, en principio, mediante su transferencia a la SCE, una vez creada ésta, salvo que las partes decidan lo contrario. Los procedimientos concretos de información y consulta transnacional y, en su caso, de participación de los trabajadores aplicables a cada SCE deberán definirse principalmente mediante un acuerdo entre las partes afectadas 0, a falta de éste, mediante la aplicación de una serie de normas subsidiarias. Los Estados miembros deben poder decidir no aplicar las disposiciones de referencia relativas a la participación en caso de fusión, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales de implicación de los trabajadores. El mantenimiento de los sistemas y las prácticas de participación existentes en su caso a nivel de las entidades participantes debe en dicho caso garantizarse mediante una adaptación de las normas de registro. Las reglas de voto de la comisión que represente a los trabajadores a efectos de la negociación, sobre todo a la hora de celebrar acuerdos que establezcan un nivel de participación más bajo que el existente en una o varias de las entidades participantes, deben estar en relación con el riesgo de desaparición o de reducción de los sistemas y las prácticas de participación existentes. Ese riesgo es mayor cuando se trata de una SCE constituida mediante transformación o fusión que en el caso de la creación de una nueva SCE.