N9 L 139/4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2. 6..94 REGLAMENTO (CE) N* 1264/94 DEL CONSEJO de 30 de mayo de 1994 por el que se prohíbe satisfacer las reclamaciones de las autoridades haitianas relativas a. contratos y transacciones afectados por las medidas impuestas por las Resoluciones 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) y 875 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o aprobadas de conformidad con las mismas EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 73 G y 228 A, Vista la Decisión 94/315/PESC del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a la posición común definida sobre la base del artículo J.2 del Tratado de la Unión . Europea sobre la disminución de las relaciones económi- cas con Haití (), Vista la propuesta de la Comisión, Considerando que, mediante los Reglamentos (CEE) nos 1608/93 del Consejo, de 24 de junio de 1993, por el que se impone un embargo sobre determinadas operacio- nes comerciales entre la Comunidad Europea y Haití (?), y 3028/93 del Consejo, de 28 de octubre de 1993, por el que se deroga la suspensión del embargo referente a determinados intercambios comerciales entre la Comuni- dad Económica Europea y Haití y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n” 1608/93 del Consejo por el que se impone dicho embargo (3), y (CE) n? 1263/94 del Consejo, de 30 de mayo de 1994, por el que se suspen- den determinadas relaciones económicas y financieras con Haití (4), la Comunidad adoptó medidas destinadas a impedir determinadas relaciones financieras y económicas con Haití; Considerando que, como consecuencia de estas medidas, los agentes económicos de la Comunidad y -de países terceros se ven expuestos a recibir reclamaciones por parte de las autoridades de Haití en relación con contra- tos o transacciones afectados por las Resoluciones 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) y 875 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; Considerando que el apartado 11 de la Resolución 917 (1994) obliga a todos los Estados a impedir la satisfac- ción de las reclamaciones presentadas por las autoridades haitianas; Considerando que es, pues, necesario dar una protección permanente a los agentes económicos frente a dichas (1) Véase la página 10 del presente Diario Oficial. (2) DO n” L 155 de 26. 6. 1993, p. 2. (3) DO n* L 270 de 30. 10. 1993, p. 73.. (1) Véase la página 1 del presente Diario Oficial. reclamaciones e impedir que las autoridades de Haití obtengan compensaciones por los efectos negativos del embargo; Considerando que la Comunidad estima que, a la hora de decidir la reducción o la supresión de las medidas adopta- das contra las autoridades de Haití, debe tenerse particu- larmente en cuenta cualquier incumplimiento por parte de dichas autoridades del apartado 11 de la Resolución 917 (1994), ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1) «Contrato o transacción»: cualquier operación, inde- pendientemente de su forma y de la ley que le sea aplicable, que implique uno o más contratos u obliga- ciones similares que vinculen a las mismas partes 0 a otras; a tal efecto, el término «contrato» abarcará cualesquiera garantías y contragarantías financieras y cualquier crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier disposición conexa que se derive de tal operación o que esté vinculada a la misma. 2) «Reclamación»: cualquier reclamación, contenciosa o no, presentada con anterioridad o posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento y vinculada a la ejecución de un contrato o transacción, y en particular: a) las reclamaciones encaminadas a obtener la ejecu- ción de cualquier obligación resultante o relacio- nada con un contrato o transacción; b) las reclamaciones encaminadas a obtener la prórroga o el pago de garantías o contragarantías financieras, cualquiera que sea su forma; c) las reclamaciones de indemnización relacionadas con un contrato o transacción; d) las acciones reconvencionales; e) las reclamaciones encaminadas a obtener, incluso por vía de exequatur, el reconocimiento o la ejecución de una sentencia, de un laudo arbitral o de una decisión equivalente, cualquiera que sea el lugar en que hayan sido dictados.