5.6.2003 Diario Oficial de la Unión Europea L 138/1 (Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad) REGLAMENTO (CE) Ne 960/2003 DEL CONSEJO de 2 de junio de 2003 por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de discos compactos registrables originarias de la India EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) n* 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de subvenciones por parte de países no miem- bros de la Comunidad Europea (), en lo sucesivo el «Regla- mento de base», y en particular su artículo 15, Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta al Comité Consultivo, Considerando lo siguiente: A. PROCEDIMIENTO 1. Procedimiento actual (1) El 17 de mayo de 2002, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (), el inicio de un procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones en la Comunidad de discos compactos registrables (en lo suce- sivo «CD-R») originarias de la India, y comenzó una investigación. (2) En la misma fecha se comunicó el inicio de un procedi- miento antidumping paralelo, referente a importaciones del mismo producto originarias del mismo país, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (*). (3) El procedimiento se inició a consecuencia de una denuncia presentada en abril de 2002 por el Comité de Fabricantes Europeos de CD-R («CECMA») en nombre de fabricantes que representan una proporción importante de la producción comunitaria total de CD-R. La denuncia incluía pruebas de las subvenciones a dicho producto y del importante perjuicio derivado de ello que se conside- raron suficientes para justificar el inicio de un procedi- miento. (4) La Comisión comunicó oficialmente el inicio del proce- dimiento a los productores comunitarios denunciantes, así como a los demás productores comunitarios cono- cidos, al productor exportador, a los importadores y a la asociación de usuarios notoriamente afectados y a los (5 DO L 288 de 21.10.1997, p. 1; Reglamento cuya última modifica- ción la constituye el Reglamento (CE) n* 1973/2002 (DO L 305 de 7.11.2002, p. 4). () DO C 116 de 17.5.2002, p. 4. () DO C 116 de 17.5.2002, p. 2. representantes de la India. Se ofreció a las partes intere- sadas la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo límite fijado en el anuncio de inicio del procedimiento. El Gobierno de la India y el único productor exportador en dicho país, así como el denunciante y otros produc- tores, importadores, la asociación de consumidores y los proveedores comunitarios, presentaron sus opiniones por escrito. Se concedió audiencia a todas las partes que así lo solicitaron dentro del plazo límite antes citado y que indicaron que había razones particulares por las que debían ser oídas. Algunas partes alegaron que los productores comunita- rios denunciantes no cumplían los requisitos establecidos en el apartado 8 del artículo 10 del Reglamento (CE) n* 2026/97 del Consejo y que no estaba justificado el inicio de una investigación. A este respecto, hay que observar que se respetaban los dos límites establecidos en el Reglamento para el inicio de una investigación, a saber, los límites del 25 % y el 50 % fijados en el apartado 8 del artículo 10, por lo que el inicio de la investigación estaba justificado. Se ha alegado que no debería haberse tenido en cuenta a uno de los productores comunitarios denunciantes a fines de determinar la representatividad de los denun- ciantes, ya que esta empresa perdió su derecho a fabricar el producto afectado por razones de derechos de propiedad intelectual. Hay que señalar que la empresa en cuestión estaba produciendo y vendiendo de facto el producto afectado en el mercado comunitario durante el período de investi- gación y que cooperó en la presente investigación. El mero hecho de que este productor participara en un procedimiento judicial no implica automáticamente su exclusión de la definición de industria de la Comunidad. Además, se constató que la empresa apeló la decisión del Tribunal según la cual habría perdido su permiso. Dado que no se ha tomado ninguna decisión final, no era en ningún caso posible concluir que el productor había perdido definitivamente su derecho a producir CD-R. En consecuencia, se rechazó el argumento presentado.