4.8.2006 Diario Oficial de la Unión Europea L 214/29 DIRECTIVA 2006/70/CE DE LA COMISIÓN de 1 de agosto de 2006 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (1, y, en particu- lar, su artículo 40, apartado 1, letras a), b) y d), Considerando lo siguiente: La Directiva 2005/60/CE impone a las entidades y per- sonas comprendidas en su ámbito de aplicación que apli- quen, basándose en un análisis del riesgo, procedimientos reforzados de diligencia debida con respecto al cliente en las transacciones o relaciones empresariales con personas del medio político que residan en otro Estado miembro o en un país tercero. En el contexto de ese análisis de riesgo, resulta oportuno que los recursos de las mencio- nadas entidades y personas se centren en especial en los productos y transacciones caracterizados por un elevado riesgo de blanqueo de capitales. Por «personas del medio político» se entiende a las personas a las que se les con- fían funciones públicas importantes, a sus familiares más próximos o a personas reconocidas como allegados a ellas. Para disponer de una interpretación coherente del concepto de personas del medio político al determinar qué categorías de personas entran en él, resulta esencial tener en cuenta las diferencias sociales, políticas y eco- nómicas existentes entre los países. Las entidades y personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/60/CE pueden no conse- guir identificar a un cliente como perteneciente a una de las categorías de personas del medio político, a pesar de haber adoptado medidas razonables y adecuadas al res- pecto. En este caso, los Estados miembros, en el ejercicio de sus competencias de aplicación de dicha Directiva, han de tener debidamente en cuenta la necesidad de garanti- zar que dichas personas no sean consideradas automáti- camente responsables de tal incumplimiento. Los Estados miembros deben además procurar el modo de facilitar el cumplimiento de la Directiva proporcionando las orien- taciones necesarias a las entidades y personas a este res- pecto. (1) DO L 309 de 25.11.2005, p. 15. (3) Las funciones públicas desempeñadas en niveles inferio- res al ámbito nacional no deben considerarse, en princi- pio, importantes. Sin embargo, cuando la exposición po- lítica sea comparable a la de funciones similares desem- peñadas a escala nacional, las entidades y personas a que se refiere la presente Directiva deben valorar, basándose en un análisis del riesgo, si quienes ejercen esas funciones públicas han de considerarse personas del medio político. La obligación establecida en la Directiva 2005/60/CE conforme a la cual las entidades y personas comprendi- das en su ámbito de aplicación deben identificar a los allegados de las personas físicas que desempeñen funcio- nes públicas importantes, es aplicable en la medida en que la relación con la persona allegada sea de conoci- miento público o la entidad o persona tenga razones para creer que exista tal relación. En consecuencia, el conocimiento de dicha condición no presupone la inves- tigación activa por parte de las entidades y personas a que se refiere la citada Directiva. Las personas consideradas del medio político no deben seguir teniendo esta consideración una vez hayan dejado de ejercer funciones públicas importantes y haya transcu- rrido un período de tiempo mínimo. Aunque la adaptación, basada en un análisis del riesgo, de los procedimientos generales de diligencia debida con respecto al cliente ha de ser la norma general en las situaciones de bajo riesgo conforme a la Directiva 2005/60/CE, y puesto que los procedimientos simplifica- dos de diligencia debida con respecto al cliente exigen contrapesos y salvaguardias adecuados en otras partes del sistema para prevenir el blanqueo de capitales y la finan- ciación del terrorismo, la aplicación de los procedimien- tos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente debe restringirse a un número limitado de casos. En estos casos, las obligaciones que incumben a las enti- dades y personas a que se refiere la Directiva no desapa- recen, y dichas entidades y personas deben, entre otras cosas, realizar una supervisión continuada de las relacio- nes comerciales que permita detectar transacciones com- plejas o de volumen inusual que carezcan de objetivo económico o legal aparente.