17.11.2006 —ES | Diario Oficial de la Unión Europea L 318/17 DIRECTIVA 2006/111/CE DE LA COMISIÓN de 16 de noviembre de 2006 relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (Texto pertinente a efectos del EEE) (Versión codificada) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 86, apartado 3, Considerando lo siguiente: (1) La Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de deter- minadas empresas (!), ha sido modificada en diversas oca- siones () y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva. Las empresas públicas desempeñan un importante papel en la economía nacional de los Estados miembros. Los Estados miembros conceden en ciertas ocasiones de- rechos especiales o exclusivos a determinadas empresas, o efectúan pagos u ofrecen algún otro tipo de compensa- ción a determinadas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Dichas empresas compiten asimismo frecuentemente con otras empresas. El artículo 295 del Tratado prevé que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. No debe existir discriminación injustificada alguna entre empresas públicas y privadas a la hora de aplicar las normas sobre competencia. La presente Directiva debe aplicarse tanto a las empresas públicas como a las privadas. En virtud del Tratado, la Comisión tiene el deber de garantizar que los Estados miembros no conceden a las empresas, tanto públicas como privadas, ayudas incom- patibles con el mercado común. Sin embargo, la complejidad de las relaciones financieras de los poderes públicos nacionales con las empresas pú- blicas puede entorpecer el cumplimiento de esta tarea. (1) DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/81/CE (DO L 312 de 29.11.2005, p. 47). (*) Véase el anexo I, parte A. (7) (10) (11) (12) (13) Además, una aplicación eficaz y equitativa a las empresas públicas y privadas de las normas del Tratado relativas a las ayudas solo puede llevarse a cabo si dichas relaciones financieras se hacen transparentes. Por añadidura, en materia de empresas públicas esta transparencia debe permitir que se diferencie claramente el papel del Estado como poder público y como propie- tario. El artículo 86, apartado 1, del Tratado impone a los Estados miembros obligaciones en lo relativo a las em- presas públicas y a las empresas a las que se conceden derechos especiales o exclusivos. El artículo 86, apartado 2, del Tratado se aplica a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. El artículo 86, apartado 3, del Tratado prevé que la Comi- sión vele por la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo y le confiere a tal efecto los medios específicos necesarios. A fin de garantizar la aplicación de las dispo- siciones del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe disponer de las informaciones necesarias. Ello supone que se definan las condiciones que permitan garantizar tal transparencia. Conviene precisar lo que se entiende por «poderes públi- cos» y «empresas públicas». Los Estados miembros tienen diferentes estructuras terri- toriales administrativas. La presente Directiva debe apli- carse a los poderes públicos en todos los niveles de gobierno de los Estados miembros. Los poderes públicos pueden ejercer una influencia do- minante sobre el comportamiento de las empresas públi- cas, no solo en el caso de que sean propietarios o posean una participación mayoritaria en dichas empresas, sino también debido a los poderes que posean en sus órganos de gestión o de vigilancia, bien por sus estatutos, bien por el reparto de las acciones. La puesta a disposición de los fondos públicos para las empresas públicas puede hacerse tanto directa como in- directamente. Conviene, por tanto, que se garantice la transparencia independientemente de las modalidades se- gún las cuales se efectúa la puesta a disposición de los fondos públicos. Llegado el caso, conviene igualmente garantizar un conocimiento adecuado de las motivacio- nes de esa puesta a disposición y de su utilización efec- tiva.