18. 3. 97 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N L 76/19 (Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad) COMISIÓN DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 1996 relativa a las condiciones impuestas al segundo operador de radiotelefonía GSM en España (El texto en lengua española es el único auténtico) (97/181/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 90, Después de haber ofrecido a las autoridades españolas, mediante carta de 23 de abril de 199%6, y a la empresa Telefónica de España SA, mediante carta de 30 de mayo de 1996 la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista con respecto a las objeciones formuladas por la Comisión en relación con el pago inicial impuesto a Airtel Móvil SA, Considerando lo que sigue: (1) HECHOS Medida estatal El Gobierno español impuso un pago inicial como condición para obtener la segunda concesión para el establecimiento y explotación en el territorio español de una red de prestación del servicio público de radiotelefonía móvil de comunicación mediante el sistema paneuropeo de tecnología digital GSM (sistema global de comunicaciones móviles) («servicio GSM»). Esta obligación estaba prevista en el apartado 4 de la Base 9 y en la Base 16 del pliego de cláusulas de explotación y de bases de adjudicación aprobado por Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1994 ('). Esta obligación no se aplicó al operador público, Telefónica de España SA («Telefónica de España»). La empresa y los servicios considerados Telefónica de España es una empresa pública española a los esfectos del artículo 2 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (. El Gobierno español tiene una influencia decisiva sobre Telefónica de España por tres razones: i) el Estado español es el mayor accionista de Telefónica de España. Cuando la Comisión abrió el presente procedimiento, al Estado español le correspondía el 31,8 % del capital social. Actualmente conserva el 21,16 % del capital social. El resto del capital está repartido entre unos 300 000 accionistas; el Gobierno español tiene derecho a designar un representante con derecho de veto sobre los acuerdos del consejo de administración de Tele- fónica de España. Este puesto desaparecerá a partir del 1 de enero de 1998 de acuerdo con lo establecido en el apartado 9 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/1996 de 7 de junio de 1996 (*); 1i — () BOE n* 231 de 27. 9. 1994, p. 29778. () DO n' L 195 de 29. 7. 1980, p. 35. () BOE n* 139 de 8. 6. 1996, p. 18 975.