26.6.1999 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 160/103 REGLAMENTO (CE) N“ 1258/1999 DEL CONSEJO de 17 de mayo de 1999 sobre la financiación de la política agrícola común EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Euro- pea y, en particular, su artículo 37, Vista la propuesta de la Comisión ('), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (*), (1) Considerando que, en virtud del Reglamento n9 25 relativo a la financiación de la política agrícola común(*), el Consejo creó el Fondo Furopeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (en lo sucesivo, denominado «el Fondo»), que forma parte del presupuesto gene- ral de las Comunidades Europeas; que dicho Reglamento estableció los principios aplicables a la financiación de la política agrícola común; Considerando que, en la situación de mercado único, al estar unificados los sistemas de precios y al ser comunitaria la política agrícola, las con- secuencias financieras que de ello se deriven incumbirán a la Comunidad; que, en virtud de dicho principio tal como figura en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento n” 25, las restitu- ciones por exportación a terceros países, las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrícolas, las medidas de desarrollo rural, las medidas veterinarias específicas estable- cidas en la Decisión 90/424/CFE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (5), las medidas DO C 170 de 4.6.1998, p. 83. Dictamen emitido el 6 de mayo de 1999 (aún no publi- cado en el Diario Oficial). DO C 407 de 28.12.1998, p. 222. DO C 401 de 22.12.1998, p. 3. DO L 30 de 20.4.1962, p. 991/60; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n” 728/70 (DO L 94 de 28.4.1970, p. 9). DO L 224 de 18.8.1990, p. 19; Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 94/370/CE (DO L 168 de 2.7.1994, p. 31). destinadas a proporcionar información sobre la política agrícola común así como determinadas medidas de evaluación y de control deberán ser financiadas por la sección de Garantía del Fondo con miras a alcanzar los objetivos definidos en el apartado 1 del artículo 33 del Tratado; Considerando que la sección de Orientación del Fondo debería financiar los gastos correspon- dientes a determinadas medidas de desarrollo rural en regiones menos desarrolladas y la inicia- tiva comunitaria de desarrollo rural; Considerando que la responsabilidad de la admi- nistración del Fondo recae en la Comisión y que está prevista una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la Comisión dentro de un Comité del Fondo; Considerando que la responsabilidad del control de los gastos de la sección de Garantía del Fondo corresponde en primer lugar a los Estados miem- bros, que son quienes designan los servicios y organismos autorizados a pagar dichos gastos; que los Estados miembros deben asumir plena y efectivamente dicha responsabilidad; que la Comisión, en su calidad de responsable de la eje- cución del presupuesto comunitario, debe com- probar las condiciones en que se han llevado a cabo los pagos y los controles; que aquélla sólo puede financiar los gastos cuando esas condicio- nes ofrecen todas las garantías necesarias res- pecto de la conformidad con las normas comuni- tarias; que, en el marco de un sistema descentra- lizado de gestión de los gastos comunitarios, es fundamental que la Comisión, institución encar- gada de la financiación, esté facultada y tenga los medios para efectuar todas las verificaciones de la gestión de los gastos que considere necesa- rias, y que la transparencia y la asistencia mutua entre los Estados miembros y la Comisión sean completas y efectivas; Considerando que, al llevar a cabo la liquidación de cuentas, la Comisión sólo puede determinar en un plazo razonable el gasto total que ha de consignarse en la cuenta general a cargo de la sección de Garantía del Fondo si cuenta con garantías satifactorias de que los controles nacio- nales con suficientes y transparentes y si los organismos pagadores se cercioran de la legali- dad y regularidad de las solicitudes de pago que ejecutan; que es conveniente, por tanto, estable-