L31/18 Diario Oficial de la Unión Europea 6.2.2003 DIRECTIVA 2003/9/CE DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra b) del punto 1 del primer párrafo de su artículo 63, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (*), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (*), Considerando lo siguiente: (1) Una política común en materia de asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de esta- blecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a quienes, impulsados por las circuns- tancias, busquen legítimamente protección en la Comu- nidad. El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refu- giados de 28 de julio de 1951, completada por el Proto- colo de Nueva York de 31 de enero de 1967, garanti- zando con ello el principio de no devolución. Las conclusiones del Consejo de Tampere prevén que un sistema europeo común de asilo debe incluir a corto plazo normas comunes mínimas de acogida de los solici- tantes de asilo. El establecimiento de unas normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo es un paso positivo hacia una política de asilo. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva pretende garantizar el pleno respeto de la dignidad humana, así como promover la aplicación de los artículos 1 y 18 de la mencionada Carta. En relación con el tratamiento de las personas compren- didas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros se hallan vinculados por obliga- ciones establecidas en razón de instrumentos de Derecho internacional de los que son Partes y que prohíben la discriminación. () DO C 213 E de 31.7.2001, p. 286. () Dictamen emitido el 25 de abril de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial). () DO C 48 de 21.2.2002, p. 63. () DO C 107 de 3.5.2002, p. 85. (7) (11) (13) (15) Deben establecerse unas normas mínimas sobre la acogida de los solicitantes de asilo, que sean suficientes para garantizarles un nivel de vida digno y unas condi- ciones de vida comparables en todos los Estados miem- bros. La armonización de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo debe contribuir a limitar los movi- mientos secundarios de los solicitantes de asilo debidos a la diversidad de las condiciones de acogida. Debe preverse una acogida de grupos con necesidades particulares que responda específicamente a dichas nece- sidades. Debe preverse una acogida de solicitantes de asilo rete- nidos que haga frente específicamente a sus necesidades en dicha situación de retención. A fin de garantizar el cumplimiento de la garantía procesal mínima consistente en la posibilidad de ponerse en contacto con organizaciones o grupos de personas que proporcionen asistencia jurídica, debe ser proporcio- nada información sobre dichas organizaciones o grupos de personas. Debe restringirse la posibilidad de abuso del sistema de acogida mediante la determinación de las casos de reduc- ción o retirada de las condiciones de acogida de los soli- citantes de asilo. Debe garantizarse la eficacia de los sistemas nacionales de acogida y la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la acogida de los solicitantes de asilo. Debe, fomentarse una coordinación adecuada entre las autoridades competentes en lo relativo a la acogida de los solicitantes de asilo así como una relación armoniosa entre las autoridades locales y los centros de acogida. De la naturaleza misma de las normas mínimas se desprende que los Estados miembros tienen competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables para las personas de terceros países o apátridas que pidan protección internacional a un Estado miembro. Con el mismo espíritu, se invita asimismo a los Estados miembros a aplicar las disposiciones de la presente Directiva a los procedimientos para decidir sobre las soli- citudes de otro tipo de protección, distinta de la derivada de la Convención de Ginebra, respecto de nacionales de terceros países o apátridas. Procede evaluar regularmente la aplicación de la presente Directiva.