3.7.2007 Diario Oficial de la Unión Europea L 173/19 DECISIONES ADOPTADAS CONJUNTAMENTE POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DECISIÓN N* 779/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2007 por la que se establece, para el período 2007-2013, un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) integrado en el programa general «Derechos fundamentales y justicia» EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 152, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (*), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3), Considerando lo siguiente: (1) El Tratado establece que, al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantizará un alto nivel de protección de la salud humana; su artículo 3, apartado 1, letra p), exige que la acción de la Comu- nidad implique una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud. La acción comunitaria debe complementar las políticas nacionales dirigidas a mejorar la salud pública y evitar las causas de peligro para la salud humana. La violencia física, sexual y psicológica contra niños, jó- venes y mujeres, al igual que las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya tengan lugar en la vida pública o privada, constituyen un atentado contra su derecho a la vida, a la seguridad, () DO C 69 de 21.3.2006, p. 1. () DO C 192 de 16.8.2006, p. 25. (3) Dictamen del Parlamento Europeo de 5 de septiembre de 2006 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 5 de marzo de 2007 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2007 (no publicada aún en el Diario Oficial). la libertad, la dignidad y la integridad física y emocional y una grave amenaza para la salud física y mental de las víctimas de tal violencia. Esa violencia, tan extendida en toda la Comunidad, constituye una auténtica violación de los derechos fundamentales y una verdadera calamidad sanitaria, y es un obstáculo para el disfrute de la ciuda- danía en condiciones de seguridad, libertad y justicia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de completo bienestar físico, men- tal y social, y no solamente como la ausencia de enfer- medades o dolencias. Según una Resolución de la Asam- blea de la OMS de 1996, la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo. En su Informe sobre la violencia y la salud de 3 de octubre de 2002, la OMS recomienda que se promuevan respues- tas de prevención primaria, se refuercen las respuestas a las víctimas de la violencia y se incremente la colabora- ción y el intercambio de información sobre la prevención de la violencia. Estos principios se reconocen en numerosos convenios, declaraciones y protocolos de las principales organizacio- nes e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Congreso Mun- dial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños. La lucha contra la violencia debe inscribirse en el con- texto de la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (*) y en las explicaciones que la acompañan, teniéndose presente su estatuto jurídico, en la que se reconoce, entre otras cosas, el derecho a la dignidad, la igualdad y la solidaridad. La Carta contiene varios artículos específicos referentes a la protección y promoción de la integridad física y psíquica, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, los derechos del niño y la no discriminación, y al reconocimiento de la prohi- bición de los tratos inhumanos o degradantes, la esclavi- tud y el trabajo forzado y el trabajo infantil. Reconoce que al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión es preciso un alto nivel de protección de la salud humana. () DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.