30.12.2006 Diario Oficial de la Unión Europea L 399/1 (Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad) REGLAMENTO (CE) N* 1896/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en par- ticular, su artículo 61, letra ), Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ('), De conformidad con el procedimiento establecido en el artí- culo 251 del Tratado (*), Considerando lo siguiente: (1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desa- rrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con el fin de establecer paulatinamente dicho espacio, la Comu- nidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior. De conformidad con el artículo 65, letra c), del Tratado, dichas medidas deben incluir la eliminación de obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas procesales civiles aplicables en los Estados miembros. En la reunión del Consejo Europeo de Tampere del 15 y 16 de octubre de 1999 se invitó al Consejo y a la Comisión a elaborar nueva legislación en aspectos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar el acceso a la justicia y mencionó expresa- mente, en ese contexto, los requerimientos de pago. El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un pro- grama conjunto de la Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo (1) DO C 221 de 8.9.2005, p. 77. () Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2005 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 30 de junio de 2006 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posi- ción del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2006. Decisión del Consejo de 11 de diciembre de 2006. de las resoluciones judiciales en materia civil y mercan- til ). El programa prevé la posibilidad de establecer un procedimiento específico, uniforme o armonizado para la Comunidad con el fin de obtener una resolución judicial en determinados ámbitos, incluido el de los créditos no impugnados. Esto se desarrolló mediante el Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004, en el que se abogaba por que se prosiguieran activamente los trabajos relativos al proceso monitorio europeo. El 20 de diciembre de 2002, la Comisión aprobó el Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía. El Libro Verde dio lugar a una consulta sobre los posibles objetivos y características de un procedimiento europeo uniforme o armonizado para el cobro de créditos no impugnados. El cobro rápido y eficiente de créditos pendientes que no son objeto de controversia jurídica es de vital importan- cia para los operadores económicos de la Unión Europea, toda vez que la morosidad es una de las principales cau- sas de la insolvencia que hace peligrar la supervivencia de empresas, particularmente pequeñas y medianas empre- sas, y provoca la pérdida de numerosos puestos de trabajo. Todos los Estados miembros intentan resolver el problema del cobro masivo de créditos no impugnados, la mayoría de ellos mediante un proceso monitorio simplificado, pero tanto el contenido de las normativas nacionales como los correspondientes procedimientos varían considerable- mente. Además, los procedimientos existentes actual- mente resultan a menudo inadmisibles o impracticables en asuntos transfronterizos. Los consiguientes impedimentos para acceder a una justi- cia eficaz en los asuntos transfronterizos y la distorsión de la competencia en el mercado interior debido a des- equilibrios en el funcionamiento de los medios procesales puestos a disposición de los acreedores en diversos Esta- dos miembros hacen necesaria una legislación comunita- ria que garantice igualdad de condiciones en toda la Unión Europea para acreedores y deudores. () DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.