L 118/12 Diario Oficial de la Unión Europea 14.5.2003 (Actos adoptados en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea) DECISIÓN 2003/335/JAI DEL CONSEJO de 8 de mayo de 2003 sobre investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular sus artículos 30 y 31 y la letra c) del apartado 2 de su artículo 34, Vista la iniciativa del Reino de Dinamarca (), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Considerando lo siguiente: (1) Desde 1995, los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda investigan, procesan y juzgan las violaciones del Derecho internacional en relación con la guerra, el genocidio y los crímenes contra la huma- nidad. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en Roma el 17 de julio de 1998 —que ha sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea— confirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, en particular el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia. El Estatuto de Roma recuerda que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsa- bles de tales crímenes internacionales. El Estatuto de Roma destaca que la Corte Penal Interna- cional establecida en virtud de ese Estatuto será comple- mentaria de las jurisdicciones penales nacionales. Éstas deberán velar por la investigación efectiva y, en su caso, el enjuiciamiento de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra sin interfe- rencia respecto de la jurisdicción de la Corte Penal Inter- nacional. Salvo cuando sea aplicable el Derecho internacional, la investigación, el enjuiciamiento y el intercambio de información en relación con casos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra seguirán siendo responsabilidad de las autoridades nacio- nales. () DO C 223 de 19.9.2002, p. 19. (* Dictamen emitido el 17 de diciembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial). (6) (10) En los Estados miembros se presentan frecuentemente casos de personas que han estado implicadas en esos crímenes y que tratan de entrar y permanecer en la Unión Europea. Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán velar por que, cuando reciban información de que se sospecha que una persona que ha solicitado un permiso de residencia ha cometido o participado en delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, los actos de que se trate puedan investigarse y, si estuviera justificado, someterse a juicio con arreglo al Derecho nacional. No obstante sus distintos cometidos y responsabilidades, las autoridades nacionales competentes en materia de inmigración y las autoridades policiales y judiciales deberán cooperar muy estrechamente a fin de posibilitar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de esos crímenes por parte de las autoridades competentes que tengan jurisdicción en el plano nacional. Los Estados miembros deberán garantizar que las autori- dades policiales y de inmigración tengan unos recursos y estructuras adecuados que posibiliten su cooperación eficaz, así como la investigación y, en su caso, enjuicia- miento efectivos de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El buen fin de la investigación y el enjuiciamiento efec- tivos de esos crímenes requiere también una estrecha cooperación transnacional de las autoridades de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, incluidos los Estados miembros. El 13 de junio de 2002, el Consejo adoptó la Decisión 2002/494/JAI relativa a la creación de una red europea de puntos de contacto en relación con personas respon- sables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (3). Los Estados miembros deberán velar por que se recurra plenamente a los puntos de contacto para facilitar la cooperación entre las autori- dades internacionales competentes. () DO L 167 de 26.6.2002, p. 1.