31.1.2003 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 26/41 DIRECTIVA 2002/8/CE DEL CONSEJO de 27 de enero de 2003 destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el estableci- miento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) del artículo 61 y el artículo 67, Vista la propuesta de la Comisión ("), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), Considerando lo siguiente: (1) La Unión Europea se ha fijado como objetivo mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Para el gradual establecimiento de dicho espacio, la Comunidad debe adoptar, entre otras, las medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil que tengan implicaciones transfronterizas y sean necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado interior. En virtud de la letra c) del artículo 65 del Tratado, entre estas medidas deben incluirse las encaminadas a eliminar los obstáculos al buen funcionamiento de los procedi- mientos civiles, fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros. El Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999 invitó al Consejo a instaurar normas mínimas que garanticen un nivel adecuado de justicia gratuita para los asuntos transfronterizos en el conjunto de la Unión. Todos los Estados miembros son Partes contratantes del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Las materias a las que hace refe- rencia la presente Directiva se abordarán con arreglo a dicho Convenio, y en particular al principio de igualdad de las partes en un litigio. La presente Directiva tiene como objetivo promover la aplicación de la justicia gratuita en los litigios transfron- terizos a las personas que no dispongan de recursos sufi- cientes, siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar el acceso efectivo a la justicia. El derecho de acceso a la justicia, generalmente reconocido, viene confirmado por el artículo 47 de la Carta de los Dere- chos Fundamentales de la Unión Europea. () DO C 103 E de 30.4.2002, p. 368. (* Dictamen emitido el 25 de septiembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial) () DO C 221 de 17.9.2002, p. 64. (6) (10) (12) Ni la falta de recursos de una persona que sea parte en un litigio, en calidad de demandante o demandada, ni las dificultades que se derivan de la condición transfronte- riza de un litigio deben constituir obstáculos al acceso efectivo a la justicia. Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. La presente Directiva está destinada sobre todo a garan- tizar un nivel adecuado de justicia gratuita en los litigios transfronterizos, fijando algunas normas mínimas comunes en relación con la justicia gratuita en tales liti- gios. Una Directiva del Consejo es el instrumento legisla- tivo más adecuado para lograr este objetivo. La presente Directiva se refiere a los litigios transfronte- rizos en materia civil y mercantil. Cualquier persona implicada en un litigio en materia civil o mercantil que entre en el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe poder hacer valer sus derechos ante un tribunal aunque su situación financiera personal no le permita hacer frente a las costas procesales. Se considera adecuada la justicia gratuita cuando permite al beneficiario el acceso efectivo a la justicia en las condi- ciones establecidas en la presente Directiva. La justicia gratuita debe incluir el asesoramiento previo a la demanda con vistas al logro de un acuerdo antes de iniciar el proceso, así como la asistencia jurídica y la representación letrada ante el tribunal y la ayuda para el pago o la exención de las costas procesales. Se determinará con arreglo al Derecho del Estado miembro en que se halle el tribunal, o donde se solicite la ejecución, si las costas procesales pueden incluir las costas de la parte contraria impuestas al beneficiario de justicia gratuita. Todos los ciudadanos de la Unión, con independencia del lugar del territorio de un Estado miembro en que estén domiciliados o sean residentes habituales, deben poder beneficiarse de la justicia gratuita en los litigios transfronterizos si cumplen las condiciones previstas por la presente Directiva. Lo mismo se aplica a los nacionales de terceros países que residan legalmente de forma habi- tual en el territorio de un Estado miembro.