29.5.2002 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 139/9 REGLAMENTO (CE) N* 881/2002 DEL CONSEJO de 27 de mayo de 2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n* 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60, 301 y 308, Vista la Posición común 2002/402/PESC, relativa a medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la orga- nización Al-Qaida y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos y por la que se derogan las Posiciones comunes 96/746/PESC, 1999/727/[ PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC (), Vista la propuesta de la Comisión (3), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Considerando lo siguiente: (1) El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1390 (2002), en la que se determinaba que los talibanes no habían respondido a las solicitudes presentadas en varias resolu- ciones previas y en la que se condenaba a los talibanes por permitir que Afganistán se utilizara como base para la formación y las actividades de terroristas, a la vez que se condenaba también a la red Al-Qaida y a otros grupos terroristas asociados por sus actos de terrorismo y destrucción de la propiedad. (2) El Consejo de Seguridad decidió, entre otras cosas, que la prohibición de vuelos y determinadas exportaciones impuesta a Afganistán a raíz de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) debía derogarse y que debía adap- tarse el alcance de la congelación de fondos y la prohibi- ción de cederlos. También decidió que debía aplicarse la prohibición de proporcionar a los talibanes y a la orga- nización Al-Qaida determinados servicios relacionados con actividades militares. De conformidad con el apar- tado 3 de la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Consejo de Segu- ridad de la ONU revisará estas medidas doce meses después de la adopción de la resolución. Al término de dicho período, el Consejo de Seguridad decidirá si las medidas pueden seguir vigentes o si deben modificarse. (3) A este respecto, el Consejo de Seguridad recordó la obligación de aplicar íntegramente su Resolución 1373 (2001) a cualquier miembro de los talibanes y de la organización Al-Qaida, pero también a los que se han asociado con ellos y han participado en la financiación, (1) Véase la página 4 del presente Diario Oficial. (?) Propuesta dge 6 de marzo de 2002 (aún no publicada en el Diario Oficial). (*) Dictamen de 11 de abril de 2002 (aún no publicado en el Diario Oficial). (10) planificación, facilitación, preparación o perpetración de actos terroristas. Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distor- sión de la competencia, se necesita legislación comuni- taria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entiende por terri- torio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, y en las condiciones fijadas en él. Para conseguir establecer la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberían darse a conocer pública- mente los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los grupos cuyos fondos deben ser congelados, tras ser designados por las autoridades de la ONU, y debería establecerse un procedimiento comunitario para modificar estas listas. Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán estar habilitadas, cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento. La Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU dispone que el Comité de Sanciones correspon- diente puede conceder excepciones a la congelación de fondos por razones humanitarias. Por lo tanto, es nece- sario establecer medidas para que esas excepciones sean aplicables en la Comunidad. Por razones de conveniencia, debe autorizarse a la Comi- sión para que modifique los anexos del presente Regla- mento sobre la base de una notificación o información pertinente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del Comité de Sanciones correspondiente y de los Estados miembros, según el caso. La Comisión y los Estados miembros deben informarse mutuamente sobre las medidas adoptadas en el marco del presente Reglamento y comunicarse cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con este último, además de cooperar con el Comité de Sanciones de la ONU correspondiente, en especial proporcionándole información. Los Estados miembros deberán establecer normas rela- tivas a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.