27.3. 1999 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 83/1 (Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad) REGLAMENTO (CE) N* 659/1999 DEL CONSEJO de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 94, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), (1) (4) () DO C 116 de 16. 4. 1998, Considerando que sin perjuicio de las normas de procedimiento especiales establecidas en algunos reglamentos para determinados sectores, el presente Reglamento debería aplicarse a todos los sectores; que, a efectos de la aplicación de los artículos 77 y 92 del Tratado, la Comisión tiene, en virtud del artículo 93 del mismo, una competencia específica para decidir sobre la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común cuando examine los regí- menes de ayudas existentes, cuando adopte deci- siones referentes a ayudas nuevas o modificadas y cuando inicie una acción relacionada con la inobser- vancia de sus decisiones o del requisito de notifica- ción; Considerando que la Comisión, ateniéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comu- nidades Europeas, ha desarrollado y asentado una práctica coherente para la aplicación del artículo 93 del Tratado y ha establecido determinadas normas y principios de procedimiento recogidos en ciertas comunicaciones; que conviene, con objeto de garan- tizar la aplicación efectiva y la eficacia de los proce- dimientos a que se refiere el artículo 93 del Tratado, codificar y consolidar dicha práctica mediante un reglamento; Considerando que un reglamento de procedimiento relativo a la aplicación del artículo 93 del Tratado incrementará la transparencia y la seguridad jurídica; Considerando que para garantizar la seguridad jurí- dica procede definir las circunstancias en que la ayuda debe considerarse ayuda existente; que la p. 13. () Dictamen emitido el 14 de enero de 1999 (no publicado aún en el Diario Oficial). () DO C 284 de 14. 9. 1998, p. 10. CE consecución e intensificación del mercado interior es un proceso gradual, que se refleja en el desarrollo permanente de la política de ayudas de Estado; que, como consecuencia de dicha evolución, determi- nadas medidas, que en el momento de su aplicación no constituían ayudas de Estado, han podido pasar a ser ayudas; Considerando que, a tenor del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, todos los proyectos dirigidos a conceder nuevas ayudas deben notificarse a la Comi- sión y no pueden ser ejecutados antes de que la Comisión lo autorice; Considerando que, de conformidad con el artículo 5 del Tratado, los Estados miembros tienen la obliga- ción de cooperar con la Comisión y de suministrarle toda la información que ésta necesite para el desem- peño de sus funciones en el marco del presente Reglamento; Considerando que el período de que dispone la Comisión para la conclusión del examen preliminar de las ayudas notificadas debe establecerse en dos meses a partir de la fecha de recepción de la notifica- ción completa o de una declaración debidamente motivada del Estado miembro interesado en la que señala que la notificación es completa, ya sea porque no dispone de la información adicional solicitada por la Comisión o porque aquélla ya haya sido facilitada; que, por motivos de seguridad jurídica, dicho examen debe concluir con una decisión; Considerando que en todos aquellos casos en los que, como fruto del examen preliminar, la Comisión no pueda declarar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común, deberá iniciarse el procedi- miento de investigación formal con objeto de que la Comisión pueda obtener toda la información nece- saria para valorar la compatibilidad de la ayuda y de permitir a las partes interesadas presentar sus obser- vaciones; que el procedimiento de investigación formal previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado constituye el mejor medio de proteger los derechos de las partes interesadas;