30. 12. 95 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N* L321/1 (Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad) DECISIÓN N* 3052/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 1995 por la que se establece un procedimiento de información mutua sobre las medidas nacionales de excepción al principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (!), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (?), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado (3), Considerando que la Comisión ha hecho el inventario, previsto en el artículo 100 B del Tratado, de las disposi- ciones legales, reglamentarias y administrativas a que se refiere el artículo 100 A del Tratado y que no han sido objeto de una armonización en virtud de dicho artículo; Considerando que de este inventario se desprende que se ha intentado superar la mayor parte de los obstáculos a los intercambios de productos mencionados por los Esta- dos miembros mediante medidas adoptadas en virtud del artículo 100 A, o bien mediante procedimientos incoados en virtud del artículo 169 del Tratado por incumpli- miento de las obligaciones que se derivan del artículo 30 del Tratado; Considerando que la transparencia de las medidas nacio- nales de prohibición de productos puede facilitar la solución rápida y al nivel adecuado de los problemas que pueden afectar a la libre circulación de mercancías, especialmente mediante la aproximación a su debido tiempo de estas normas o su adaptación de conformidad con el artículo 30 del Tratado; (1) DO n* C 18 de 21. 1. 1994, p. 13 y DO n” C 200 de 22. 7. 1994, p. 19. () DO n* C 195 de 18. 7. 1994, p. 6. (3) Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de abril de 1994 (DO n” C 128 de 9. 5. 1994, p. 142), Posición común del Consejo de 29 de junio de 1995 (DO n* C 216 de 21. 8. 1995, p. 41), Decisión del Parlamento Europeo del 26 de octubre de 1995 (DO n” C 308 de 20. 11, 1995) y Decisión del Consejo de 23 de noviembre de 1995. Considerando que para facilitar dicha transparencia, es preciso establecer un procedimiento de información mutua los Estados miembros y entre éstos y la Comisión que sea sencillo y pragmático, a fin de garantizar una solución satisfactoria para los agentes económicos y los consumidores de los problemas que puedan surgir en el funcionamiento del mercado interior; Considerando que este procedimiento tiende esencial- mente a tener un mejor conocimiento de la aplicación de la libre circulación de mercancías en los sectores no armonizados y a identificar los problemas surgidos con el fin de darles soluciones adecuadas; Considerando que este procedimiento sólo debe aplica- carse a los casos en que un Estado miembro se oponga, alegando el incumplimiento de su propia normativa nacional, a la libre circulación o a la puesta en el mercado de mercancías fabricadas y comercializadas legalmente en otro Estado miembro; Considerando que conviene incluir en el ámbito de apli- cación de la presente Decisión únicamente las medidas que impongan obstáculos a determinado modelo o tipo de mercancías, y excluir de dicho ámbito de aplicación, por consiguiente, las medidas referidas a bienes de oca- sión que con motivo del transcurso del tiempo o de su utilización no sean ya aptos para su puesta o manteni- miento en el mercado; Considerando que conviene excluir asimismo las medidas referidas exclusivamente a la protección de la moralidad pública o del orden público; Considerando que otros Estados miembros y la Comisión deben tener la oportunidad de reaccionar frente a las medidas adoptadas en el marco de la presente Decisión; Considerando, además, que este procedimiento no debe constituir una duplicación de los procedimientos de noti- ficación o información previstos por otras disposiciones comunitarias, y que deben coordinarse estos distintos procedimientos de forma adecuada; Considerando que las empresas, los consumidores y otras partes interesadas deben saber con quién han de ponerse en contacto en la Comisión y en las administraciones de