29.7.2000 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L193/75 DIRECTIVA 2000/52/CE DE LA COMISIÓN de 26 de julio de 2000 por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 86, Considerando lo siguiente: (1) ( ( ') ”) DO L DO L La Directiva 80/723/CEE de la Comisión ('), cuya última modificación la constituye la Directiva 93/84/CEE (), obliga a los Estados miembros a garantizar la transpa- rencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas. La Directiva 80/ 723/CEE dispone que los Estados miembros han de conservar determinada información financiera para transmitírsela a la Comisión cuando ésta así lo solicite, mientras que otra información debe facilitarse mediante informes anuales. Varios sectores de la economía que en el pasado se caracterizaban por la existencia de monopolios nacio- nales, regionales o locales se han abierto o se están abriendo parcial o totalmente a la competencia en virtud del Tratado o de normas adoptadas por los Estados miembros y la Comunidad. Este proceso ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar que las normas sobre competencia del Tratado se apliquen de manera eficaz y equitativa en estos sectores y, en particular, que no existan abusos de posición dominante con arreglo al artículo 82 del Tratado ni ayudas estatales con arreglo al artículo 87 del Tratado, a menos que éstas sean compati- bles con el mercado común, sin perjuicio de la posible aplicación del apartado 2 del artículo 86 del Tratado. Los Estados miembros conceden con frecuencia dere- chos especiales o exclusivos a determinadas empresas de estos sectores, o efectúan pagos u ofrecen algún otro tipo de compensación a determinadas empresas encar- gadas de la gestión de servicios de interés económico general. Dichas empresas a menudo también compiten con otras empresas. A tenor de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 86 del Tratado, en principio incumbe a los Estados miembros confiar a ciertas empresas la gestión de los servicios de interés económico general por ellos establecidos, mientras que corresponde a la Comisión velar por la correcta aplicación de las disposiciones de dicho artículo. El apartado 1 del artículo 86 dispone que los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto a las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del Tratado. El apartado 2 del artículo 86 del Tratado es aplicable a las empresas 195 de 29.7.1980, p. 35. 254 de 12.10.1993, p. 16. encargadas de la gestión de servicios de interés econó- mico general. En virtud del apartado 3 del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe velar por la aplicación de las disposiciones del artículo 86 y dirigir las directivas o decisiones adecuadas a los Estados miembros; que las disposiciones interpretativas anexas al Tratado mediante el Protocolo relativo a los sistemas de radiodifusión en los Estados miembros se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financia- ción se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financia- ción no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público. A fin de garantizar la aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe disponer de la información necesaria. Para ello es preciso determinar las condiciones necesarias para garantizar la transpa- rencia. Las complejas situaciones derivadas de los diversos tipos de empresas públicas o privadas a las que se han conce- dido derechos especiales o exclusivos o a las que se ha confiado la gestión de servicios de interés económico general, la variedad de actividades que puede ejercer una misma empresa y los diferentes grados de liberalización del mercado en los distintos Estados miembros pueden dificultar la aplicación de las normas de competencia y, en particular, del artículo 86 del Tratado. Por tanto, es necesario que los Estados miembros y la Comisión dispongan de datos pormenorizados sobre la estructura financiera y organizativa interna de tales empresas y, más concretamente, de cuentas separadas y fidedignas sobre las diversas actividades desarrolladas por una misma empresa. Esta información no siempre está dispo- nible o no siempre es lo suficientemente detallada o fidedigna. En dichas cuentas han de figurar la distinción entre las diferentes actividades, los costes e ingresos derivados de cada una de ellas y los métodos de asignación y distribu- ción de los costes e ingresos. Debe disponerse de cuentas separadas sobre los productos y servicios respecto de los que el Estado miembro haya concedido derechos espe- ciales o exclusivos o confiado a la empresa la gestión de un servicio de interés económico general, así como sobre los demás productos o servicios a que se dedique la empresa. La obligación de llevar cuentas separadas no debe hacerse extensiva a las empresas cuyas actividades