30.4.2004 Diario Oficial de la Unión Europea L143/15 REGLAMENTO (CE) N” 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y el guión segundo del apartado 5 de su artículo 67, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (*), De conformidad con el procedimiento establecido en el artí- culo 251 del Tratado (*), Considerando lo siguiente: (1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de perso- nas. Con este fin la Comunidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior. (2) El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó un Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ams- terdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia (*) (el Plan de acción de Viena). (3) — El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como la piedra angular para la creación de un verdadero espacio judicial. (4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un pro- grama de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (*). Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. (1) DO C 203 E de 27.8.2002, p. 86. (2) DO C 85 de 8.4.2003, p. 1. () Dictamen del Parlamento Europeo de 8 de abril de 2003 (DO C 64 E de 12.3.2004, p. 79), Posición Común del Consejo de 6 de febrero de 2004 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posi- ción del Parlamento Europeo de 30 de marzo de 2004 (no publi- cada aún en el Diario Oficial). (%) DO C 19 de 23.1.1999, p. 1. () DO C 12 de 15.1.2001, p. 1. (5) (7) (8) El concepto de «créditos no impugnados» debe abarcar todas aquellas situaciones en que un acreedor, habida cuenta de la ausencia comprobada de oposición por parte del deudor sobre la naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial contra ese deudor o un documento ejecutivo que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya sea una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva. La ausencia de impugnación por parte del deudor a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 puede consistir en la incomparecencia en la vista o en la omi- sión de respuesta a la invitación del órgano jurisdiccio- nal a presentar alegaciones por escrito. El presente Reglamento debe aplicarse a las resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados y a las decisiones dictadas tras la impugnación de resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva certificados como títulos ejecutivos europeos. En sus conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo estimó que conviene acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia que deba tomarse antes de la ejecu- ción en el Estado miembro en el que se persiga la mis- ma. Una resolución que haya sido certificada como título ejecutivo europeo por el órgano jurisdiccional de origen debe considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en el que se persigue la ejecución. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, el registro de una resolución extranjera certificada seguirá las mismas normas que el registro de una resolución de otra parte del Reino Unido, y no implica el examen de la resolución extranjera en cuanto al fondo. Las condiciones de la ejecución de las resolu- ciones deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional. Este procedimiento debe ofrecer importantes ventajas con respecto al procedimiento de exequátur contenido en el Reglamento (CE) n” 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judicia- les en materia civil y mercantil (), en el sentido de que ($ DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n* 1496/2002 de la Comisión (DO L 225 de 22.8.2002, p. 13).