20. 3. 92 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N* L 74/47 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de marzo de 1992 por la que se suspende el procedimiento de investigación, a efectos del Reglamento (CEE) n* 2641/84, de la práctica comercial ilícita consistente en la . imposición en Japón de una tasa o derecho portuario destinado a la creación de un Fondo de gestión de puertos (92/169/CEE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, Visto el Reglamento (CEE) n 2641/84 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativo al fortalecimiento de la política comercial común, en particular en materia de defensa contra las prácticas comerciales ilícitas (), Previa consulta con el Comité consultivo de acuerdo con lo dispuesto por el antedicho Reglamento, Considerando lo que sigue : (1) (2) A. DENUNCIANTE El 7 de enero de 1991, la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (AACE, en lo sucesivo denominada « el denunciante ») presentó a la Comi- sión una denuncia en representación de casi el 90 % de las compañías navieras comunitarias que transportan regularmente mercancías desde y a Japón. B. MOTIVO DE LA DENUNCIA En la denuncia se alegaba que en noviembre de 1989 la Asociación Japonesa de Transporte Portuario (en lo sucesivo, « AJTP ») impuso una tasa o derecho portuario a todos los buques mercantes que efectúan transportes entre puertos japoneses a fin de crear un denominado « Fondo de gestión de puertos », que tiene como finalidad asegurar un suministro estable y regular de trabajadores portua- rios y actualizar y modernizar el sistema de distri- bución de las importaciones japonesas. Según la denuncia, la Asociación de Compañías Navieras Extranjeras en Japón (en lo sucesivo, « ACNEJ »), en representación de todas las compañías navieras no japonesas, se negó en un principio a pagar este derecho. Sin embargo, al comunicárseles supuesta- mente que la negativa a firmar un « acuerdo » de aceptación de este derecho acarrearía con toda probabilidad graves dificultades a los buques de las compañías navieras no firmantes en sus opera- ciones de carga y descarga en puertos japoneses, todas las compañías navieras, incluidas las comuni- tarias, terminaron firmando este « acuerdo » por el período comprendido entre el 1 de octubre de 1989 () DO nm* L 252 de 20. 9. 1984, p. 1. () (9) (5) (6) y el 31 de marzo de 1990. Según se alega, este acuerdo se prorrogó desde el 1 de abril de 1990 hasta el 31 de marzo de 1991. En la denuncia se alegaba que la imposición del derecho destinado al Fondo de gestión de puertos constituye una práctica comercial ilícita a efectos del artículo 2 del Reglamento (CEE) n* 2641/84. Como razones se aducía que las compañías navieras comunitarias se vieron de hecho obligadas a contri- buir al Fondo, que no tienen influencia alguna sobre la utilización del dinero recaudado, que el destino real de ese dinero (es decir, la construcción de centros de distribución interior) no reporta ningún beneficio a las compañías navieras comuni- tarias y que este derecho es discriminatorio por cuanto el importe del derecho de comercio de cabotaje (reservado a las compañías navieras japone- sas) es sólo la cuarta parte del derecho de |mporta- ción y exportación. Según la denuncia, esta práctica comercial ilícita debe imputarse a Japón, puesto que el Fondo de gestión de puertos fue autorizado y dirigido por el Ministerio de Transportes (en lo sucesivo MT) Japonés y la propia AJTP actuó bajo las directices del MT y obtuvo, por autorización de éste, una posición dominante en su calidad de intermediaria entre los sindicatos de trabajadores portuarios y las compañías navieras, una posición que se presta fácilmente al abuso si no se vigila debidamente. En la denuncia se alegaba también que esta práctica comercial ilícita ha causado a las compañías navieras comunitarias unos perjuicios valorados en 4,5 millones de dólares anuales. Además, la incerti- dumbre que la creación de este Fondo sembró en las relaciones comerciales supone asimismo .una amenaza de perjuicio para el comercio entre la Comunidad y Japón en general. La denuncia terminaba instando a la Comunidad a adoptar las medidas oportunas que garanticen la pronta supresión del Fondo de gestión de puertos. C. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Dado que la denuncia incluía elementos de prueba suficientes que justificaban la apertura de un proce- dimiento de investigación y que ésta se consideró de interés comunitario, la Comisión, previa consulta con el Comité consultivo de acuerdo con