6.8.2004 Diario Oficial de la Unión Europea L 261/19 DIRECTIVA 2004/81/CE DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el punto 3 de su artículo 63, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (*), Previa consulta al Comité de las Regiones, Considerando lo siguiente: (1) D — La elaboración de una política común de inmigración, incluida la definición de las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros así como las medidas de lucha contra la inmigración ilegal, es un elemento cons- titutivo del objetivo de la Unión Europea de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión extraor- dinaria de los días 15 y 16 de octubre de 1999, se declaró decidido a hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, centrándose por ejemplo en quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los migrantes. Hizo un llamamiento a los Estados miembros para que concentrasen sus esfuerzos en detectar y desmantelar las redes de delincuencia, salvaguardando al mismo tiempo los derechos de las víctimas. Reflejo del carácter cada vez más preocupante de este fenómeno creciente a escala internacional fue la adop- ción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de una Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, completado por un Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, espe- cialmente mujeres y niños, y un Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. La Comunidad y los quince Estados miembros los firmaron en diciembre de 2000. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la protección concedida a los refugiados, a los beneficiarios de una protección subsidiaria y a los solicitantes de protección internacional de acuerdo con el Derecho internacional relativo a los refugiados, y sin perjuicio de otros instrumentos sobre derechos humanos. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de otras disposiciones relativas a la protección de las víctimas, testigos o personas especialmente vulnerables. No afecta tampoco a las prerrogativas de los Estados miembros en DO C 126 E de 28.5.2002, p. 393. Dictamen emitido el 5 de diciembre de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial). DO C 221 de 17.9.2002, p. 80. (10) cuanto al derecho de residencia concedido por razones humanitarias u otras. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación alguna por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, caracte- rísticas genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, disca- pacidad, edad u orientación sexual. A escala europea se han adoptado, para reforzar la prevención y lucha contra los delitos anteriormente citados, la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (*), y la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (>). La presente Directiva establece un permiso de residencia destinado a las víctimas de la trata de seres humanos o, en el caso de los Estados miembros que decidan ampliar el alcance de dicha Directiva, a aquellos nacionales de terceros países que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, para quienes el permiso de residencia constituye un incentivo suficiente para cooperar con las autoridades competentes, e incluye al mismo tiempo determinadas condiciones para evitar abusos. Con este objetivo es necesario establecer los criterios de expedición de los permisos de residencia, las condiciones de estancia y los motivos de no renovación o retirada. El derecho de estancia con arreglo a la presente Directiva está sujeto a determinadas condiciones y tiene carácter provisional. Los nacionales de terceros países de que se trate deben ser informados de la posibilidad de obtener este permiso de residencia y poder disponer de un plazo de reflexión. Lo anterior debe ayudarlos a estar en condiciones de decidir con conocimiento de causa si desean o no cooperar —habida cuenta de los riesgos que ello puede entrañar— con las autoridades competentes, ya sean autoridades policiales, fiscales o judiciales, para que su cooperación sea libre y en consecuencia más eficaz. () DOL 328 de 5.12.2002, p. 17. () DOL 203 de 1.8.2002, p. 1.