No L 76/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas DIRECTIVA 92/13/CEE DEL CONSEJO de 25 de febrero de 1992 relativa a la coordimación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (1), En cooperación con el Parlamento Europeo (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3). Considerando que la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (4) establece normas en materia de formalización de contratos destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades de los suministradores y contratistas potenciales, pero no contiene disposiciones específicas que permitan garantizar su aplica- ción efectiva; Considerando que los actuales mecanismos destinados a garantizar dicha aplicación, tanto en el plano nacional como en el plano comunitario, no son siempre los adecua- dos; Considerando que la ausencia de medios de recurso eficaces o la insuficiencia de los medios existentes puede tener un efecto disuasorio sobre las empresas comunitarias a la hora de presentar ofertas; que, por consiguiente, conviene que los Estados miembros remedien esta situación; Considerando que la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (5), se limita a los procedimientos de (1) DO ne C 216 de 31. 8. 1990, p. 8; y DO n" C 179 de 10. 7. 1991, p. 18. (2) DO n* C 106 de 22. 4. 1991, p. 82; y DO no C 39 de 17. 2. 1992. (3) DO n? C 60 de 8. 3. 1991, p. 16. (4) DO no L 297 de 29. 10. 1990, p. 1. (5) DO n L 395 de 30. 12. 1989, p. 33. formalización de contratos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudi- cación de los contratos públicos de obras (5), cuya última modificación la constituye la Directiva 90/531/CEE, y de " la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudi- cación de contratos públicos de suministro (7), cuya última modificación la constituye la Directiva 90/531/CEE; Considerando que la apertura a la competencia comunita- ria de los contratos públicos en los sectores en cuestión implica la adopción de disposiciones para que los suminis- tradores y los contratistas dispongan de procedimientos de recurso adecuados en caso de violación del Derecho comu- nitario en la materia o de las normas nacionales que transpongan este Derecho; Considerando que es necesario establecer un refuerzo sus- tancial de las garantías de transparencia y de no discrimina- ción y que resulta importante, para que tenga efectos concretos, disponer de medios de recurso eficaces y rápi- dos; Considerando que conviene tener en cuenta las característi- cas específicas de determinados ordenamientos jurídicos y autorizar a los Estados miembros la elección entre diferen- tes opciones de efectos equivalentes en lo referente a los poderes de las instancias de recurso; Considerando que una de estas opciones incluye el poder de intervenir directamente en los procedimientos de formaliza- _. ción de los contratos de las entidades contratantes, por ejemplo, suspendiendo estos procedimientos o bien anulan- do decisiones o cláusulas discriminatorias en documentos o publicaciones; Considerando que la otra opción establece el poder de ejercer una presión indirecta efectiva sobre las entidades contratantes con el fin de que éstas remedien cualquier violación o de que se abstengan de cometerlas, y también con el fin de que no se causen perjuicios; Considerando que siempre debe existir la posibilidad de interponer una demanda de daños y perjuicios; Considerando que, cuando una persona presente una demanda de daños y perjuicios por los: gastos realizados con ocasión de la preparación de una oferta o de la participación en un procedimiento de formalización de un contrato, no se le exigirá, para obtener el reembolso de dichos gastos, que pruebe que en ausencia de esta violación se le habría adjudicado el contrato; (6) DO no L 185 de 16. 8. 1971, p. 5. (7) DO no L 13 de 15. 1, 1977, p. 1.