6.8.2004 Diario Oficial de la Unión Europea L 261/15 DIRECTIVA 2004/80/CE DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 sobre indemnización a las víctimas de delitos EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 308, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*), Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (), Considerando lo siguiente: (1) Uno de los objetivos de la Comunidad Europea es suprimir, entre los Estados miembros, los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios. (2) El Tribunal de Justicia falló en el asunto Cowan (*) que cuando el Derecho comunitario garantiza a una persona física la libertad de desplazarse a otro Estado miembro, la protección de la integridad de esta persona en el Estado miembro de que se trata, en pie de igualdad con los nacionales y con las personas que residen en él cons- tituye el corolario de esta libertad de circulación. Medidas para facilitar la indemnización a las víctimas de delitos deben formar parte de la realización de este obje- tivo. (3) En su reunión de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo Europeo pidió que se elaboraran normas mínimas sobre protección de las víctimas de delitos, en particular, sobre el acceso de las víctimas de delitos a la justicia y sus derechos a una indemnización por daños y perjuicios, incluidas las costas. (4) El Consejo Europeo de Bruselas, reunido los días 25 y 26 de marzo de 2004, en su declaración sobre la lucha contra el terrorismo, solicitó la adopción de la presente Directiva antes del 1 de mayo de 2004. (5) El 15 de marzo de 2001, el Consejo adoptó la Decisión marco 2001/220/JAI relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (>). Esta Decisión, basada en el título VI del Tratado de la Unión Europea, permite a las víctimas de delitos solicitar una indemnización al delincuente en el curso del proceso penal. (6) — Las víctimas de delitos en la Unión Europea deberían tener derecho a una indemnización justa y adecuada por los perjuicios sufridos, con independencia del lugar de la Comunidad Europea en que se haya cometido el delito. DO C 45 E de 25.2.2003, p. 69. Dictamen emitido el 23 de octubre de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial). () DO C 95 de 23.4.2003, p. 40. () Asunto 186/87, Recopilación 1989, p. 195. () DOL 82 de 22.3.2001, p. 1. (7) (10) (11) (12) (13) La presente Directiva establece un sistema de coopera- ción para facilitar el acceso a la indemnización a las víctimas de delitos en situaciones transfronterizas, que deberían basarse en los regímenes de los Estados miem- bros para indemnizar a las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios. Así pues, deberá crearse un mecanismo de indemnización en todos los Estados miembros. La mayor parte de los Estados miembros ha establecido ya los mencionados regímenes de indemnización, algunos de los mismos en cumplimiento de las obliga- ciones de los Estados con arreglo al Convenio del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos. Puesto que las medidas contenidas en la presente Direc- tiva son necesarias para lograr los objetivos de la Comu- nidad y el Tratado no prevé para su adopción más poderes de acción que los del artículo 308, debe apli- carse el artículo 308 del Tratado. A menudo las víctimas de delitos no pueden obtener la indemnización del delincuente, puesto que éste puede carecer de los medios necesarios para cumplir una sentencia por daños y perjuicios o porque no puede ser identificado ni condenado. Debería introducirse un sistema de cooperación entre las autoridades de los Estados miembros para facilitar el acceso a la indemnización cuando el delito haya sido cometido en un Estado miembro que no sea el de resi- dencia de la víctima. Este sistema debe asegurar que las víctimas de delitos siempre puedan dirigirse a una autoridad de su Estado miembro de residencia, y paliar cualquier dificultad prác- tica o lingilística que pueda surgir en una situación transfronteriza. El sistema debe incluir las disposiciones necesarias para permitir que la víctima del delito encuentre la informa- ción que necesita para presentar la solicitud y para permitir una cooperación eficiente entre las autoridades participantes. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reafirmados en especial por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como principios generales de Derecho comunitario.