L11/46 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 16.1.2001 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 20 de septiembre de 2000 por la que se modifica la Decisión 1999/395/CE relativa a la ayuda estatal otorgada por España a SNIACE SA, situada en Torrelavega, Cantabria [notificada con el número C(2000) 2741] (El texto en lengua española es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, (2001/43/CE) Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del apartado 2 de su artículo 88, Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, de conformidad con el citado (4) artículo (1) y teniendo en cuenta dichas observaciones, Considerando lo siguiente: I. ANTECEDENTES A. La Decisión 1999/395/CE (?) (1) Mediante su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado, en relación con determinadas medidas adoptadas en favor de Sociedad nacional de industrias y aplicaciones de celulosa española SA (3), (en lo sucesivo, «SNIACE»), la Comisión expresó sus dudas sobre si los acuerdos de reembolso entre SNIACE y el Fondo de garantía salarial (6) (en lo sucesivo, «Fogasa») y el acuerdo de reescalona- miento entre SNIACE y la Tesorería general de la segu- ridad social, entre otras medidas, constituían una ayuda estatal compatible a efectos del apartado 1 del artículo 7 87 del Tratado. (2)  Mediante su Decisión 1999/395/CE, la Comisión llegó a la conclusión de que el tratamiento de las deudas de SNIACE, a través de los mencionados acuerdos, no era acorde con las condiciones de mercado imperantes ya que el tipo de interés era inferior a los tipos de mercado. En consecuencia, la Decisión declaró que los acuerdos mencionados eran incompatibles con el mercado (8) común. (3) España recurrió la Decisión 1999/395/CE ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, mediante recurso interpuesto en el Registro del Tribunal el 24 de diciembre de 1998 (asunto C-479/98). La Deci- sión fue asimismo recurrida por el beneficiario, SNIACE, ante el Tribunal de Primera Instancia mediante recurso interpuesto en el Registro del Tribunal el 24 de agosto de 1999 (asunto T-190/99). Ambos asuntos se hallan (9) pendientes de resolución. () DO C 110 de 15.4.2000, p. 33. () DO L 149 de 16.6.1999, p. 40. () DO C 49 de 14.2.1998, p. 2. B. La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comu- nidades Europeas de 29 de abril de 1999 en el asunto C-342/%6: España contra Comisión (), relativo a la ayuda estatal concedida por España a Tubacex (en lo sucesivo, «la sentencia Tubacex») Mediante la sentencia Tubacex, el Tribunal de Justicia anuló la Decisión 97/21/CECA, CE de la Comisión (>), que había declarado ayuda incompatible a Tubacex los acuerdos de reescalonamiento con Fogasa y la Tesorería general de la seguridad social y los acuerdos de reem- bolso de esta empresa con el Fogasa porque el tipo de interés aplicado era inferior a los tipos de mercado. En su sentencia, el Tribunal concluyó que Fogasa no concede préstamos a empresas en quiebra o en crisis, sino que, con el dinero que dicho organismo paga y después recupera de las empresas, satisface todas las solicitudes legítimas formuladas por los trabajadores. Además, Fogasa puede celebrar acuerdos de devolución para aplazar el pago de las cantidades anticipadas o fraccionar dichas cantidades. Igualmente, la Tesorería general de la seguridad social puede conceder aplazamientos o fraccionamientos del pago de las deudas por cuotas de la seguridad social. El Tribunal de Justicia señaló que en dichos acuerdos de reembolso y de reescalonamiento el Estado no actuó como inversor público cuya conducta deba compararse a la de un inversor privado que coloca su capital en función de su rentabilidad, sino como un acreedor público que, al igual que un acreedor privado, trata de recuperar cantidades que se le adeudan. Los intereses normalmente aplicables a este tipo de créditos son los que se destinan a reparar el perjuicio sufrido por el acreedor, como consecuencia del retraso por parte del deudor en la ejecución de su obligación de liberarse de su deuda, a saber, los intereses de demora. Cuando el tipo de los intereses de demora aplicado a las deudas contraídas con un acreedor público es inferior al practicado para las deudas contraídas con un acreedor privado, debe aplicarse este último. Con estos argumentos, el Tribunal de Justicia anuló la Decisión 97/21/CECA, CE, en la medida que declaraba las medidas incompatibles con el Tratado CE. (*) Recopilación 1999, p. 1-2459. () DO L 8 de 11.1.1997, p. 14.