8.8.2000 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 200/35 DIRECTIVA 2000/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de junio de 2000 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95, Vista la propuesta de la Comisión (), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (>), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (3), a la vista del texto conjunto aprobado por (9) el Comité de conciliación el 4 de mayo de 2000, Considerando lo siguiente: (1) El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el Programa integrado en favor de las PYME y del artesa- nado (*), instó a la Comisión a presentar propuestas con (10) objeto de solucionar el problema de la morosidad. (2) La Comisión adoptó, el 12 de mayo de 1995, una Recomendación relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales (>). (3) — El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la Reco- mendación de la Comisión relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales (*), instó a la Comisión a estudiar la posibilidad de convertir su Recomendación en una propuesta de Directiva del Consejo para su presentación en el plazo más breve posible. (11) (4) — El Comité Económico y Social emitió el 29 de mayo de 1997 un Dictamen sobre el Libro Verde de la Comisión «La contratación pública en la Unión Europea: refle- xiones para el futuro» (. (5)  La Comisión publicó, el 4 de junio de 1997, un Plan de (12) acción para el mercado interior en que se recalca que la morosidad representa un obstáculo cada vez más fuerte para el éxito del mercado interior. (6) La Comisión publicó, el 17 de julio de 1997, un «Informe sobre los retrasos en el pago en las transac- ciones comerciales» ($), en el que se resumen los resul- tados de la evaluación de los efectos de la Recomenda- ción de la Comisión de 12 de mayo de 1995. (7) Onerosas cargas administrativas y financieras pesan (13) sobre las empresas, y especialmente sobre las pequeñas y medianas, debido a los plazos de pago excesivos y a la morosidad. Estos problemas son además una de las prin- () DO C 168 de 3.6.1998, p. 13, yDO C 374 de 3.12.1998, p. 4. () DO C 407 de 28.12.1998, p. 50. () Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de septiembre de 1998 (DO C 313 de 12.10.1998, p. 142), Posición común del Consejo de 29 de julio de 1999 (DO C 284 de 6.10.1999, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 1999 (aún no publicada en el Diario Oficial). Decisión del Parlamento Europeo de 15 de junio de 2000 y Decisión del Consejo de 18 de mayo de 2000. (14) DO C 323 de C C 287 de C 21.11.1994, p. 19. 10.6.1995, p. 19. 22.7.1996, p. 43. 22.9.1997, p. 92. 17.7.1997, p. 10. cipales causas de la insolvencia que amenaza la propia supervivencia de las empresas y se traduce en la pérdida de numerosos puestos de trabajo. En algunos Estados miembros, los plazos de pago contractuales difieren notablemente de la media comuni- taria. Las diferencias existentes entre los Estados miembros en lo que se refiere a las normas y prácticas de pago constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del mercado interior. Este hecho limita considerablemente las operaciones comerciales entre Estados miembros, lo cual contradice el artículo 14 del Tratado, ya que los empresarios deben poder comerciar en todo el mercado interior en condi- ciones tales que garanticen que las operaciones trans- fronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional se podrían producir distorsiones de la competencia si se aplicaran normas sustancial- mente diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas. Las estadísticas más recientes indican que, en el mejor de los casos, en muchos Estados miembros no ha habido mejoras en materia de morosidad desde la adopción de la Recomendación de 12 de mayo de 1995. El objetivo de la lucha contra la morosidad en el mercado interior no puede ser alcanzado de manera suficiente si cada uno de los Estados miembros actúa por su cuenta y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario. La presente Directiva no excede de lo estrictamente necesario para alcanzar este objetivo. Por lo tanto, ésta cumple plenamente con los requisitos de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad esta- blecidos en el artículo 5 del Tratado. Conviene limitar el alcance de la presente Directiva a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales y no regular las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como, por ejemplo, los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio, los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos realizados por compañías de seguros. El hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no implica que los Estados miembros deban tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos no regulados por la presente Directiva.