29.11.2005 Diario Oficial de la Unión Europea L 312/67 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2005 relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [notificada con el número C(2005) 2673] (2005/842/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 86, apartado 3, Considerando lo siguiente: El artículo 16 del Tratado dispone que, sin perjuicio de los artículos 73, 86 y 87, la Comunidad debe hacer uso de sus competencias para velar por que los servicios de interés económico general actúen con arreglo a princi- pios y condiciones que les permitan cumplir su come- tido. Para que algunos servicios de interés económico general funcionen con arreglo a principios y en condiciones que les permitan desempeñar sus misiones, puede resultar necesario un apoyo financiero del Estado que asuma total o parcialmente los costes específicos derivados de las obligaciones de servicio público. Con arreglo a lo dis- puesto en el artículo 295 del Tratado, según ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, desde el punto de vista del Derecho comunitario es indiferente que estos servicios de interés económico general sean prestados por empresas públicas o privadas. El artículo 86, apartado 2, del Tratado dispone a este respecto que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal queden sometidas a las nor- mas del Tratado, en especial a las normas de competen- cia. Sin embargo, el artículo 86, apartado 2, contempla una excepción a las normas del Tratado, aunque sólo en los casos en que se ajusten a determinados criterios. En primer lugar, debe darse un acto de atribución por el que el Estado confiera a una empresa la responsabilidad de la ejecución de una determinada tarea. En segundo lugar, la atribución debe corresponder a un servicio de interés económico general. En tercer lugar, el recurso a la excep- ción debe ser necesario para ejecutar las tareas atribuidas y proporcional a las mismas (en lo sucesivo «el requisito de necesidad»). Por último, el desarrollo de los intercam- bios no debe quedar afectado en forma tal que sea con- traria al interés de la Comunidad. En su sentencia Altmark Trans GmbH y Regierungsprásidium Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (!) («Altmark»), el Tribunal de Justicia manifestó que las compensaciones por servicio público no constituyen ayu- das estatales a tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Tratado, siempre que se cumplan cuatro criterios insepa- rables. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente defi- nidas. En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente. En tercer lugar, la com- pensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecu- ción de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio ra- zonable. Finalmente, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso determinado, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colecti- vidad, el nivel de la compensación necesaria deberá calcu- larse sobre la base de un análisis de los costes que habría soportado una empresa media, bien gestionada y adecua- damente equipada en medios de transporte, para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas. Cuando se cumplan estos cuatro criterios, las compensa- ciones por servicio público no constituyen ayudas esta- tales y no se aplican las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado. Cuando los Estados miembros no res- peten estos criterios y se cumplan los criterios generales de aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, del Tratado, las compensaciones por servicio público constituyen ayu- das estatales sujetas a las disposiciones de los artículos 73, 86, 87 y 88 del Tratado. Por consiguiente, la pre- sente Decisión sólo se debe aplicar a las compensaciones por servicio público que constituyan ayuda estatal. (1) Rec. 2003, p. 1-7747.