No L 228/24 Diario Ófícial de las Comunidades Europeas 11. 8. 92 DIRECTIVA 92/59/CEF DEL CONSEJO de 29 de junio de 1992 relativa a la seguridad general de los productos EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión (1), En cooperación con el Parlamento Europeo (?), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3), Considerando que conviene adoptar medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior durante un período que termina el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior supone un espacio sin fronteras en el que estará garantizada la libre circulación de mercancías, perso- nas, servicios y capitales; ' Considerando que algunos Estados miembros han adopta- do una legislación horizontal sobre la seguridad de los productos que impone, en particular, a los operadores económicos la obligación general de comercializar única- mente productos seguros; que dichas legislaciones difieren en cuanto al nivel de protección de las personas; que estas disparidades y la falta de una legislación horizontal en otros Estados miembros pueden crear obstáculos al comer- cio y distorsiones de la competencia dentro del mercado interior; - Considerando que es muy difícil adoptar una legislación comunitaria para cada producto que exista o que se pueda crear; que es necesario un marco legislativo horizontal amplio para tratar de esos productos, así como para colmar las lagunas de la legislación específica actual o futura, en particular, para asegurar un nivel de protección elevado en la salud y la seguridad de las personas, tal como dispone el apartado 3 del artículo 100 A del Tratado; Considerando que es, por tanto, necesario establecer, en el ámbito comunitario, una prescripción general de seguridad para todos los productos que se pongan en el mercado, destinados a los consumidores o susceptibles de ser utiliza- dos por éstos; que conviene, sin embargo, excluir determi- nados bienes de segunda mano; _ (1) DO n* C 156 de 27. 6. 1990, p. $. (2) DO no C 96 de 17. 4. 1990, p. 283; y Decisión de 11 de junio de 1992 (no publicada aún en el Diario Oficial). - (3) DO n? C 75 de 26. 3. 1990, p. 1. Considerando que no se contemplan en la presente Directi- va las instalaciones de producción, los bienes de inversión y los demás productos exclusivamente utilizados en el marco de una actividad profesional; Considerando que las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán cuando no existan disposicions específicas, en el marco de normativas comunitarias, en materia de seguri- dad de los productos correspondientes; Considerando que quando existan normativas comunita- rias específicas, orientadas a una armonización total, y especialmente las adoptadas .con arreglo al nuevo enfoque, que establezcan las obligaciones relativas a la seguridad de los productos, no procederá imponer nuevas obligaciones a los operadores económicos en lo referente a la comerciali- zación de los productos que abarcan dichas normativas; Considerando que, cuando las disposiciones de una norma- tiva comunitaria específica únicamente cubran determina- dos aspectos de la seguridad o categorías de riesgos del producto de que se trate, sólo esas disposiciones establece- rán las obligaciones de los operadores económicos en relación con dichos aspectos; - Considerando que conviene completar la obligación de respetar el requisito general de seguridad con la obligación de los operadores económicos de proporcionar a los consu- midores la información pertinente y adoptar las medidas apropiadas en función de las características de los produc- tos, de manera que estén informados de los riesgos que tales productos podrían presentar; LA Considerando que, a falta de normativa específica, convie- ne definir los criterios que permitan evaluar la seguridad del producto; Considerando que los Estados miembros deben prever que autoridades competentes controlen la seguridad de los productos con poderes para adoptar las medidas adecua- das; Considerando que entre tales medidas adecuadas debe figurar en especial la facultad de los Estados miembros de organizar, de forma eficaz e inmediata, la retirada de los productos peligrosos ya comercializados; Considerando que, para preservar la unidad del mercado, es preciso informar a la Comisión de toda medida que restrinja la comercialización de un producto o imponga su retirada del mercado, salvo las que se refieran a un incidente con efectos locales y en todo caso limitados al